Entre millones en regalías y niños muertos de hambre, la tragedia de La Guajira
- Acta Diurna
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Por: Luís Alonso Colmenares Rodríguez
Los guajiros no podemos seguir indiferentes ante lo que ocurre en el departamento. La impunidad es el combustible de una corrupción desmedida que mantiene a La Guajira atrapada en un círculo vicioso de pobreza y abandono.
En 2024, la Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por más de $223.646 millones en proyectos financiados con el Sistema General de Regalías. Y no es un hecho aislado: entre 2023 y 2025, la entidad auditó proyectos por más de $20 billones, encontrando en los OCAD PAZ irregularidades que alcanzaron los $339.668 millones. A esto se suman los hallazgos en recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), por más de $19.000 millones en proyectos de agua potable, energía solar y fortalecimiento productivo, ejecutados con fallas estructurales y sin sostenibilidad.
Pero identificar no basta: es un diagnóstico sin cirugía. Los hallazgos deben traducirse en procesos de responsabilidad fiscal efectivos y condenas ejemplares.
Una impunidad alarmante
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló la magnitud del problema: entre 2010 y 2023 se registraron 922 delitos contra la administración pública en La Guajira. Solo el 16 % terminó en capturas y apenas el 2 % en condenas. Esto significa que más del 97 % de los casos permanecen en impunidad absoluta:
700 casos sin imputación.
770 sin captura.
765 sin acusación.
899 sin condenas.
El 50 % de los expedientes lleva más de diez años engavetado y el 39 % entre cinco y diez años sin movimiento. Para muchos ciudadanos, la justicia local está capturada por intereses corruptos y ha demostrado ser incapaz de actuar. Por eso, se propone que la Fiscalía y la Procuraduría creen una unidad especializada para La Guajira, que empiece por los hallazgos ya documentados.
La inestabilidad como estrategia
La inestabilidad institucional es un síntoma y a la vez la causa de esta crisis. La Guajira ha tenido 15 gobernadores desde 2011, cuando debieron ser solo tres. Cuatro de ellos fueron condenados por delitos en su período de gobierno. Para muchos, no es casualidad, sino una estrategia de élites que se turnan el poder para controlar los recursos públicos.
El resultado es dramático: el 65 % de los recursos comprometidos en malos manejos corresponde a municipios, y el 26 % a la Gobernación. En vez de resolver los problemas de la gente, se ha gobernado con el único propósito de robar.
El costo humano de la corrupción
Las cifras sociales son desgarradoras. La Guajira mantiene la segunda tasa más alta de pobreza monetaria en el país: 65,3 % en 2023. En pobreza multidimensional, registró 39,3 % en 2024. El índice de desarrollo humano es el más bajo del Caribe, con apenas 0,617. Todo esto mientras muchos recursos se pierden en cuentas privadas de autoridades tradicionales que viven como jeques.
Una herida nacional
La impunidad en La Guajira es más que un problema local: es una herida nacional que cuestiona la viabilidad del Estado de derecho. No basta con destituir a un gobernador más. Se necesita desarticular las redes de corrupción que han hecho del sufrimiento humano su modelo de negocio.
El silencio tiene un costo medible en vidas humanas: niños que mueren de hambre y millones desviados en corrupción cada día sin justicia efectiva. Es hora de que los órganos de control actúen con urgencia y desde La Guajira se demuestre que en Colombia aún es posible la justicia.
Como dijo un filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí...”
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