En Colombia las guerras no se pelean para ganar, si no para mantener al Estado
Por: Nerio Luis Mejía
Quizás no exista ningún país en América que haya vivido tantos conflictos armados como Colombia, a tal punto que muchos lo señalan como un lucrativo negocio: desde quienes venden y compran las armas, hasta quienes aprovechan las secuelas de la confrontación para vivir de ellas.
Lo más llamativo de esta reflexión surgió luego de un diálogo sostenido con un exmilitar, quien lanzó una contundente frase: “En Colombia no se pelean guerras para ganarlas, solo se libran para mantener lo que conocemos como Estado”. Hacía referencia a aquellas inversiones en defensa que no se ejecutan para vencer en el conflicto, sino, a veces, para congraciarse con los oferentes de armamento.
Citando el viejo aforismo de que “la guerra es un mal necesario”, la frase encaja perfectamente en nuestra realidad nacional. ¿Cuántos conflictos hemos vivido a lo largo de la historia y cuántos procesos de paz se han firmado para terminar en lo mismo? ¿A quién beneficia la guerra y a quién perjudica? Esta serie de interrogantes quizás no se han planteado con la profundidad requerida. Cada vez que se habla de la terminación o el fin de una confrontación mediante la negociación, surge una peor.
Existen múltiples factores en este fenómeno —probablemente este escrito sea insuficiente para abordarlos todos—, pero conviene empezar por un elemento básico y muy conocido en las regiones: la justicia.
Una vez que se produce un proceso de desmovilización, aparecen focos de violencia criminal que van desde el atraco y la violación, hasta la drogadicción, el abigeato y la extorsión. Ante el vacío que deja el actor armado que antes controlaba el territorio, la incapacidad del Estado y la falta de una justicia eficiente permiten que las nuevas estructuras —que llegan a pescar en río revuelto— encuentren un alto nivel de aceptación en esos espacios.
Asimismo, es preciso mencionar la situación de los integrantes de grupos dedicados al crimen que manejaban un alto poder económico y gozaban de cierto reconocimiento social en sus zonas de influencia. Cuando hacen el tránsito a la vida civil con un apoyo económico muy inferior al que manejaban en sus antiguas andanzas, la tentación de rearmarse es alta. Esto ha venido ocurriendo en los procesos firmados durante los últimos veinte años tanto con grupos paramilitares como con guerrillas. Surgen así los rearmes por parte de mandos medios y combatientes de base, a quienes ilusionan con que esta vez sí obtendrán mayores dividendos.
A esto se suma la mano oscura del narcotráfico. Ningún grupo armado en nuestro país —léase con atención: ninguno— puede negar su compadrazgo con el narcotráfico y las economías ilícitas, como el apoderamiento de hidrocarburos y otras rentas delictivas que les generan altas ganancias para financiar su arquitectura criminal.
Desde la institucionalidad resulta muy difícil competir contra ese ecosistema económico y criminal que alimenta la guerra. Por otra parte —aunque a muchos les genere malestar reconocerlo—, desde abogados, fiscales y jueces, todo el sistema judicial está diseñado para gravitar alrededor del combate a la criminalidad. Si no existiera toda esa cadena delictiva, ¿qué pasaría con ese aparato legal dedicado a acusar y defender a quienes quebrantan la ley?
Ocurre algo similar en el sector Defensa. Son los soldados, policías y suboficiales, quienes más sufren en el campo de batalla en su lucha contra las estructuras ilegales. Sin embargo, para quienes no van a las áreas de combate —como oficiales — las primas de orden público equivalen a incrementos de entre el 10%, el 15% y hasta el 25% sobre su sueldo básico (según el nivel y la institución). Ante la difícil coyuntura económica que se vive en Colombia, cabe preguntarse: ¿estarán dispuestos a sacrificar esos incrementos salariales que se tejen alrededor de la persistencia del conflicto?
Se pueden crear y presentar nuevos marcos normativos desde el Ejecutivo y el Legislativo que lleven a la desmovilización de varias estructuras armadas, pero si no se abordan de raíz estos elementos, la guerra jamás se acabará en Colombia.
Por último, surge la pregunta sobre el control de los recursos: ¿quién audita los gastos del sector Defensa cuando estos chocan contra la barrera de la "seguridad nacional"? ¿Cómo establecer vigilancia sobre los fondos asignados a nodos neurálgicos o estratégicos como la inteligencia y los gastos reservados?
Este es, quizás, uno de los puntos más sensibles al momento de debatir el fin del conflicto. Resulta imprescindible revisar estos aspectos para poder diseñar verdaderas políticas públicas que busquen ganar la guerra, y no simplemente luchar de manera infructuosa por mantener el Estado.
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