Empresarios y sindicatos no acordaron aumento del salario mínimo en 2026
- Acta Diurna
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La Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales ha concluido sin acuerdo entre los gremios empresariales y las centrales obreras para definir el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para el año 2026. Ante la persistente polarización de las propuestas, todo apunta a que el Gobierno Nacional, a través de un decreto, establecerá la nueva cifra salarial, que actualmente se ubica en $1.423.500 pesos.
La falta de consenso fue confirmada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien lamentó la inflexibilidad de las posiciones. "No hemos podido llegar a un acuerdo. Los sectores de los trabajadores insistieron en que el incremento fuera de dos dígitos (16%) para poder abrir la discusión, y los sectores empresariales reiteraron su propuesta de 7,21%. Esto se convirtió en un 'sin salida'", declaró el ministro Sanguino.
Propuestas inamovibles y el debate de fondo
La brecha de casi nueve puntos porcentuales refleja las profundas diferencias en la evaluación del impacto económico y social del aumento salarial. Las centrales obreras (CUT) pedían un aumento del 16% del SMMLV (dos dígitos) con el argumento e la necesidad de revertir la pérdida de poder adquisitivo y asegurar justicia social, mientras que los gremios empresariales (Acopi) buscaban un aumento del 7,21% para proteger a las empresas, mitigar el impacto inflacionario y evitar la pérdida de empleos.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), instó al Gobierno a usar la figura del decreto para favorecer a los trabajadores con un incremento cercano al 16% solicitado.
En contraposición, María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), advirtió sobre las graves consecuencias de un alza de dos dígitos: "Un incremento de dos dígitos aumentaría los costos de producción e impactaría en la inflación y en las tasas de interés, lo que terminaría afectando el poder adquisitivo de los trabajadores. Tenemos que ser muy responsables". Ospina destacó que hay 2,4 millones de trabajadores en el mínimo, pero 11,3 millones que están por debajo, y es imperativo proteger tanto el empleo formal como el informal.
La postura del Gobierno
Según el cronograma legal, las partes cuentan ahora con 48 horas para radicar los documentos de salvedades. Tras este plazo, el Gobierno evaluará si concede un "segundo tiempo" de discusión o si, como es casi un hecho, procede a expedir la cifra por decreto.
El ministro Sanguino adelantó que la decisión del Ejecutivo estará marcada por un criterio de "justicia social" y una visión inclinada hacia la izquierda. "Debe haber una decisión justa a este lado, a este lado de la izquierda", confesó el ministro, asegurando que la decisión de política salarial del actual Gobierno no ha afectado negativamente la inflación.
Esta inclinación se alinea con declaraciones previas de otros funcionarios. Cabe recordar que hace unas semanas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sugirió que un incremento cercano al 11% sería el ideal.
De concretarse el decreto, este sería el tercer año consecutivo en que la administración del presidente Gustavo Petro fija el salario mínimo por esta vía. Solo la cifra para 2023 fue concertada, mientras que los incrementos de 2024 (12%) y 2025 (9,54%) fueron definidos unilateralmente por el Gobierno.
El escenario está preparado para una decisión gubernamental que, aunque esperada, reaviva la tensión entre la necesidad de proteger el ingreso de los trabajadores y la preocupación por la estabilidad macroeconómica y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.
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