El sistema universitario público está al borde del abismo financiero

La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas tras la publicación del estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”. El informe, que analiza las 34 universidades públicas del país, describe un panorama donde la eficiencia administrativa choca de frente con un modelo de financiación agotado y desigual.

Uno de los hallazgos más contundentes del organismo de control es la alta concentración de recursos. Solo cuatro instituciones —la Universidad Nacional (UNAL), la UNAD, la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle)— acaparan el 48% de los ingresos nacionales del sistema.

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Esta distribución no solo genera asimetrías regionales, sino que crea realidades abismales para los estudiantes: mientras la UNAL recibe, en promedio, $11,4 millones por alumno, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) apenas percibe $525.777. Esta disparidad pone en duda el principio de equidad en el gasto público y limita las oportunidades en las regiones menos favorecidas.

El estudio identifica un enemigo silencioso que devora los presupuestos académicos: el pasivo pensional. A 2024, esta deuda alcanza los $10,3 billones, concentrados principalmente en la Universidad Nacional ($4,5 billones) y Univalle ($1,4 billones).

Este lastre financiero obliga a las instituciones a desviar recursos que deberían destinarse a investigación, laboratorios, infraestructura y bienestar estudiantil, para cubrir obligaciones de jubilación. La Contraloría advierte que esta cifra podría crecer "exponencialmente" debido a que muchas universidades no han actualizado sus cálculos actuariales.

Y aunque el 75,8% de las universidades muestra indicadores de solvencia adecuados, un preocupante 24,2% (8 instituciones) opera con márgenes de maniobra financieros extremadamente limitados. Además, las universidades coinciden en que los aportes del Estado son insuficientes frente al aumento de los costos de personal y las crecientes responsabilidades misionales.

Respecto a la reciente reforma de la Ley 30 de 1992, la Contraloría proyecta un impacto fiscal de $27,8 billones para el periodo 2027-2036, una cifra superior a la estimada por el Gobierno. Si bien se celebra el avance hacia la gratuidad, el ente de control advierte que el sistema no será sostenible sin fuentes de financiación "claras, suficientes y verificables".

Las consecuencias de un modelo en cuidados intensivos

El informe de la Contraloría no es solo un balance contable; es el diagnóstico de una crisis que pone en riesgo el futuro de la movilidad social en Colombia. Las consecuencias de mantener este statu quo podrían ser devastadoras en tres frentes principales:

Erosión de la calidad educativa: Cuando una universidad debe priorizar el pago de pensiones y deudas sobre la inversión en ciencia y tecnología, la calidad de la formación se resiente. A largo plazo, esto ensancha la brecha entre la educación pública y la privada, condenando a los estudiantes con menos recursos a una formación con menos herramientas competitivas.

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Segregación regional: La concentración del 48% del presupuesto en solo cuatro universidades perpetúa un sistema de "ciudades-estado" académicas. Mientras las grandes capitales mantienen centros de excelencia, las universidades regionales luchan por la supervivencia, lo que obliga a los jóvenes de la periferia a migrar o a aceptar una educación con presupuestos ínfimos por estudiante.

El riesgo de una gratuidad desfinanciada: Existe el peligro político de promover la "matrícula cero" y la universalidad como banderas de gobierno sin asegurar el flujo de caja real. Si el Estado aumenta la cobertura sin aumentar proporcionalmente la base presupuestal, el resultado será una sobrepoblación estudiantil en instituciones con infraestructuras colapsadas.

Colombia se encuentra en una encrucijada. O se reforma estructuralmente el modelo de financiación —atendiendo el pasivo pensional y corrigiendo las asimetrías de distribución— o la promesa de la educación superior como derecho universal terminará siendo una cáscara vacía, solvente en el papel pero precaria en la realidad de sus aulas.