El presidente Petro decretó el Estado de emergencia económica
- Acta Diurna
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En la noche de este lunes, el Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica por medio del decreto 1390 de 2025, una medida excepcional que regirá durante los próximos 30 días.
El decreto surge como una respuesta directa a la crisis fiscal derivada del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, iniciativa con la cual el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Al amparo de esta figura constitucional, el mandatario adquiere facultades extraordinarias para dictar decretos con fuerza de ley en materia económica y social, permitiéndole tomar decisiones de carácter urgente sin la necesidad de una aprobación previa por parte de la rama legislativa.
Esta determinación ya había sido anticipada el viernes anterior por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien advirtió sobre la fragilidad de las finanzas públicas ante la falta de consenso político.
A través de la red social X, la cartera de Hacienda ratificó que la negativa del Congreso de la República para aprobar la financiación necesaria obligó al Gobierno nacional a buscar esta alternativa jurídica para garantizar la operatividad del Estado. Sin embargo, la medida ha generado un rechazo inmediato en diversos sectores productivos del país, quienes cuestionan la legitimidad de recurrir a facultades de excepción en el actual escenario financiero.
Uno de los críticos más visibles ha sido Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien sostiene que el país no atraviesa una situación extraordinaria que justifique tal medida. Según el dirigente gremial, la normativa que rige el presupuesto nacional establece rutas claras para estos casos: ante la ausencia de una ley de financiamiento, el Gobierno debe optar por el aplazamiento o el recorte del gasto público en lugar de eludir el debate parlamentario.
Con esta declaratoria, se abre ahora un intenso debate jurídico y político, mientras el país queda a la expectativa de las primeras medidas que el Ejecutivo implementará bajo este régimen de excepción.