El espejo roto de dos muertes

Por: David Toloza

La muerte violenta de Miguel Uribe Turbay y la de Charlie Kirk, a miles de kilómetros de distancia, conforman más que una coincidencia, son dos capítulos de una misma dramaturgia política, la de una época que ha hecho de la violencia material y simbólica su principal recurso de legitimación. Ambos jóvenes, protagonistas de rostros y consignas de la derecha contemporánea, defendieron la proliferación de armas, celebraron discursos muscularizados y se mostraron incondicionales a alianzas diplomáticas que hoy los exponen a lecturas incómodas. Que ambos hayan terminado abatidos por proyectiles, la materialidad brutal de lo que sostenían como principio, es una ironía histórica demasiado densa como para dejarla pasar sin un examen severo.

Miguel Uribe entraba en la contienda pública con la carga de un linaje, nieto de una dinastía, hijo de una historia signada por pactos que no fueron enteramente públicos. No es menor recordar que su madre, Diana Turbay, murió en el convulso capítulo de los años noventa, con secuestros y negociaciones que moldearon buena parte del mapa de impunidad y alianzas de aquel periodo. Sobre ese sustrato se proyecta ahora otra sospecha: la hipótesis esmeraldera. Eliécer Erlington Chamorro, alias “Antonio García”, jefe del ELN, negó la participación de su organización en el homicidio y planteó una línea de investigación que no puede ser desechada a la ligera: “La información que circula es que el papá de Miguel Uribe Turbay, por sus vínculos y acciones non sanctas con o contra algunos esmeralderos, terminó colocando en grave riesgo a su hijo”. Non sanctas: un latiguillo latino que el periodismo utiliza para nombrar lo turbado, lo pactado fuera de la luz legal. La palabra no constituye una sentencia, es, en todo caso, una hipótesis pública que interpela el pasado familiar y los tejidos de complicidad que atraviesan la historia política colombiana.

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Si en Colombia el relato inmediato se bifurca entre conjeturas criminales y lecturas políticas, en Estados Unidos la lectura fue más directa. Charlie Kirk, arquitecto mediático de Turning Point USA y figura emergente del trumpismo juvenil, había normalizado la violencia en términos instrumentales. En una entrevista ampliamente citada, declaró que: "valía la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda…”. No murmuraba teoría abstracta, en su oratoria había una lógica sacrificial, unas pérdidas humanas justificadas en aras de un supuesto bien mayor. El desenlace: una bala que silenció su voz en un evento público, transforma la afirmación en epitafio y abre, además, una lectura dolorosamente literal: la munición como retorno simbólico de una doctrina.

Ambas trayectorias confluyen en otros puntos fundamentales. Los dos fueron fervientes defensores de la alianza con Israel; ambos hicieron del proisraelismo una marca de identidad política. Uribe hablaba de “restablecer la cooperación” en un momento en que la política exterior de Colombia había sufrido un giro crítico respecto a los eventos en Gaza; liderazgos internacionales, colocaron su muerte en clave de agravio a la comunidad que consideraban aliada. Kirk, por su parte, convirtió la defensa irrestricta de Israel en parte central de un repertorio que criminalizaba la protesta pro-palestina y deslegitimaba la denuncia sobre masacres civiles. Criticar esta postura no es caer en generalizaciones identitarias, es señalar una opción política concreta, con consecuencias éticas.

Si examinamos el lenguaje de ambos, aparecen rasgos coincidentes: la deshumanización del adversario, la conversión del riesgo social en justificación para endurecer la política, y la colocación de la muerte en la ecuación como daño colateral aceptable. Miguel, en declaraciones que ya forman parte de su archivo público, afirmó sobre el feminicidio de Rosa Elvira Cely una frase que redobla la soberbia interpretativa: “Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con sus dos compañeros de estudio... hoy no estaríamos lamentando su muerte”; y, frente a la muerte de Dilan Cruz durante protestas en 2019, describió el disparo como un accidente de trayectoria: “El disparo iba hacia otro objetivo y en la línea de fuego se atravesó Dilan”. Son formulaciones que neutralizan la responsabilidad y reubican la culpa en la vida cotidiana de las víctimas. Kirk, en otra tonalidad, celebró abiertamente un darwinismo coercitivo: la idea de que algunos cuerpos pueden ser el precio pagado por el mantenimiento de derechos considerados superiores. Ambas actitudes revelan una cosmovisión en la que la dignidad del otro queda subordinada a una idea instrumental del orden.

Para comprender la circulación de estas muertes en la arena pública conviene traer a colación marcos teóricos: Hannah Arendt, en On Violence (1970), subrayó la diferencia entre poder y violencia ~el poder se funda en el consenso, la violencia en el instrumento~ y advirtió cómo las sociedades que legitiman la violencia terminan sustituyendo la autoridad por la coacción. René Girard, con su teoría de la mimésis y el chivo expiatorio (Violence and the Sacred), nos recuerda que la comunidad política puede reproducir su cohesión mediante la selección de un enemigo sacrificial; y Walter Benjamin, en su “Crítica de la violencia”, analiza cómo la violencia fundacional y la violencia divina pueden ser invocadas para limpiar un orden. Aplicadas a estos hechos, esas lentes ayudan a ver cómo la derecha política no solo construye un discurso, instituye ritos de exclusión que, cuando escalan, requieren cuerpos como demostración. Es decir: la creación simbólica del enemigo facilita la violencia efectiva, y la violencia efectiva retroalimenta la mitología del martirio.

Pero hay que ser prudentes. Nada en este texto pretende sustituir a la investigación forense o a las diligencias judiciales. La hipótesis esmeraldera es eso, ¡hipótesis! y debe ser sometida a prueba. Tampoco proponemos una relación de causalidad automática entre la radicalidad discursiva y el homicidio. En los hechos hay agentes concretos, motivos específicos y una cadena de responsabilidad que las pesquisas deberán trazar. Lo que sí sostengo con convicción analítica es una premisa ética y política: quienes alimentan, sistemáticamente, la deshumanización del otro, crean, sin proponérselo o con plena intención, un caldo de cultura donde la violencia se vuelve pensable, y por tanto realizable.

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La otra derivación de esta reflexión es instrumentadora: en ambos contextos, la muerte se convierte en materia prima política. Un sector de la derecha ve en estos cadáveres la posibilidad de consolidar una narrativa victimista que pide más control, más armas legales, más represión a la protesta y menos espacio para la disidencia. El martirologio funcional no busca verdad; busca efecto. Fabricar mártires, o aprovecharlos, es una operación de mercado político. La indignación pública se empaqueta en consignas, se difunde, produce movilización y concentra apoyos. Los muertos suelen ser el capital más rentable, irreversible, emotivo y difícil de disputar. Por eso la respuesta que exige la sociedad no es ni la complacencia ni la instrumentalización. Exige investigación rigurosa, transparencia, desactivación discursiva y una reflexión pública que no sea rehén de la emotividad manipulada. Desde Arendt aprendemos que hay que reconstruir modos de poder que dependan menos de la coacción; de Girard sacamos la advertencia de no buscar chivos expiatorios; de Benjamin la sospecha sobre la violencia que se invoca en nombre de la ley. Convertir a unos y a otros en emblemas sin juicio ni verdad, es la vía corta hacia más polarización y finalmente, hacia más muertes.

El saldo, en último término, es este: estas muertes, más que cerrar una historia, la abren. Nos obligan a preguntar por las tramas que la sociedad tolera: pactos inconfesables, discursos que legalizan la exclusión, políticas que celebran la dureza como virtud. Y nos obligan a interrogar nuestra propia respuesta colectiva: ¿seremos espectadores que convierten en bandera la sangre ajena, o exigiremos a las instituciones que arrojen luz y a la política que recupere el argumento sobre el arma? La pregunta no es menor: si la política se sigue nutriendo de cadáveres y los relatos siguen justificando la pólvora, lo que está en juego no es la sobrevivencia de un partido o de un ídolo mediático. Está en juego la capacidad de la ciudadanía de inventar un lenguaje común que no necesite hacer de la muerte su última retórica. Hasta que eso ocurra y es una tarea que exige memoria, instituciones fuertes y deliberación pública, el espejo seguirá roto, reflejando fragmentos que se parecen demasiado entre sí. Discursos que prometen orden y producen muerte, manos que empuñan la palabra y otras que aprietan el gatillo.

Exigimos, entonces, claridad e investigación; y, sobre todo, un gesto político: sacar la violencia de la gramática pública y devolverla a la fragilidad humana donde pertenece.