El apagón de la integración regional y el arancel a la hermandad

Por: Dany Oviedo Marino

La relación entre Colombia y Ecuador, históricamente cimentada en una interdependencia que parecía irreversible, ha entrado en una fase de "desconexión estratégica" que amenaza con desestabilizar no solo el comercio bilateral, sino el ecosistema financiero de la región andina. Lo que comenzó como un roce diplomático por la gestión de la seguridad fronteriza ha escalado a una confrontación técnica que trasciende el simple intercambio de bienes, convirtiendo la infraestructura crítica en un arma de presión política y la moneda en un indicador de pánico.

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La suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad por parte de Colombia no debe leerse únicamente como una medida de precaución climática; es, en esencia, un golpe de realidad geopolítico que deja al descubierto la vulnerabilidad estructural de Ecuador. Al cortar el flujo, Bogotá recuerda que la soberanía energética de su vecino es, por ahora, una aspiración que depende de un interruptor ajeno. Esta "geopolítica del voltaje" tiene un correlato inmediato en los mercados: si el conflicto se prolonga más de seis meses, el riesgo país de Ecuador experimentará una presión al alza insostenible. La falta de energía estable encarece los costos de producción industrial y genera una contracción del PIB que los tenedores de bonos ya comienzan a descontar, elevando las tasas de interés para el financiamiento externo de Quito.

La aplicación de la "Ley del Talión" comercial por parte de Colombia con aranceles del 30% busca asfixiar sectores estratégicos como el atún y la madera, pero este movimiento no está exento de riesgos financieros internos. Si esta parálisis se extiende, veríamos una presión inflacionaria en la canasta básica colombiana, lo que obligaría al Banco de la República a mantener tasas de interés altas por más tiempo del previsto, ralentizando la reactivación económica nacional. La volatilidad del peso colombiano frente al dólar suele intensificarse cuando la estabilidad regional se fractura, ya que los inversores extranjeros perciben a la Comunidad Andina como un bloque de riesgo sistémico más que como un mercado integrado y seguro.

Mirando más allá de lo evidente, esta crisis fomenta un incentivo perverso hacia la informalidad. Un arancel del 30% es una invitación abierta al contrabando en la porosa frontera de Ipiales y Tulcán, fortaleciendo financieramente a las estructuras criminales que ambos Estados pretenden combatir. Financieramente, esto se traduce en una erosión de la base gravable: los gobiernos dejan de percibir impuestos mientras los costos de seguridad y control fronterizo se disparan. Además, estamos asistiendo a la destrucción de la confianza en las cadenas de valor andinas. Las empresas que operan bajo el modelo de "justo a tiempo" verán sus flujos de caja drenados por el aumento de costos logísticos y arancelarios, lo que podría provocar una fuga de capitales hacia mercados con reglas de juego más predecibles, como los de la Alianza del Pacífico.

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El riesgo del "punto de no retorno" es real. Si la diplomacia no recupera el mando, el conflicto derivará en una degradación de las calificaciones crediticias regionales, donde el "efecto contagio" castigará la inversión extranjera directa. La integración no puede ser un rehén de la política interna ni una veleta que se mueve al humor de los mandatarios. Mientras no se entienda que la estabilidad de uno es la solvencia del otro, el único resultado será un apagón de confianza y una factura económica que las próximas generaciones de ambos países tendrán que pagar con intereses.