A través de su cuenta en la red social “X”, el senador Miguel Uribe ha levantado una fuerte denuncia sobre dos contratos millonarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Estos contratos, con un valor conjunto de $181.553.717.737, están destinados a promover el desarrollo y la protección integral de niñas y niños de 6 a 13 años, así como de adolescentes y jóvenes entre 14 y 28 años en todo el país, a excepción de La Guajira.
Los recursos asignados en estos contratos serán utilizados para la implementación de programas como la Casa de la Niñez y Juventud, la creación de espacios comunitarios y la mejora de caminos rurales. Asimismo, se busca fortalecer habilidades, vocaciones y talentos en los jóvenes a través de diversos programas.
En la denuncia, el senador Uribe hace un llamado al ICBF para que incluya a La Guajira en los procesos de contratación y solicita al presidente Petro que cumpla con los habitantes de este departamento que tanto necesitan de atención social.
Denuncian exclusión de La Guajira en millonarios contratos del Icbf
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Estos programas sociales, disponibles en la página web del ICBF, están diseñados para brindar educación en áreas como música, arte, danza, pintura, artes plásticas y deportes, con el objetivo de prevenir la violencia en torno a niños, adolescentes y jóvenes, así como atender casos de maltrato y evitar el consumo de drogas entre menores, así como su involucramiento en grupos delincuenciales.
El senador Uribe resalta que, a pesar de las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la importancia de brindar atención especial a los niños, adolescentes y jóvenes de La Guajira, este departamento ha quedado excluido de estos contratos, lo que suscita preocupación en medio de las difíciles condiciones de pobreza en las que viven muchos de sus habitantes.
Uribe cuestiona la intención detrás de esta exclusión y plantea la posibilidad de que se estén buscando acuerdos políticos en lugar de la atención necesaria para la población de La Guajira.
Es importante recordar que el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira el 2 de julio de 2023, con el objetivo de abordar problemas estructurales y fenómenos climáticos de alto impacto en la región. Sin embargo, la Corte Constitucional invalidó la mayoría de la declaratoria, a excepción de los decretos relacionados con la disminución de la disponibilidad de agua en La Guajira, que fueron extendidos por 12 meses.
La Corte argumentó que estas declaratorias no deben usarse para abordar problemas estructurales, sino para situaciones de emergencia. COLPRENSA