La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró este jueves un estado de cosas inconstitucional en el componente de seguridad de los excombatientes de las Farc, que son firmantes del Acuerdo Final de Paz.
Lo anterior, tras revisar una serie de tutelas en las que ciudadanos alegaban sobre la inseguridad que afrontan los exguerrilleros que permanecen en las zonas de reincorporación como Nariño, Guaviare y Norte de Santander, en medio de su proceso de volver a la vida civil.
Un estado de cosas inconstitucional significa una violación constante y masiva de derechos fundamentales y, según la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, las irregularidades que han enfrentado los más de 13.000 excombatientes al reincorporarse a la vida civil han sido importantes.
Para iniciar, Nubia Amparo Ortega Arcos aseguró en una tutela a la Corte, que los firmantes del acuerdo han sido víctimas de riesgos y amenazas contra su vida, además, de la supuesta falta de compromiso por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, al parecer, no les ha proporcionado las medidas de seguridad que necesitan.
La Corte le dio la razón a los tutelantes y estimó que existe una grave crisis que ha afectado, de modo grave, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
La votación para declarar el Estado de cosas inconstitucional quedó 5-4. En contra votaron los magistrados Gloria Ortiz, Paola Meneses, Alberto Rojas y Jorge Ibáñez. A favor, Cristina Pardo, Alejandro Linares, Diana Fajardo, José Reyes y Antonio Lizarazo.
La decisión incluye la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional, que verificará las órdenes dictadas en este fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad de los excombatientes. Lo anterior implica que la Corte les dará a múltiples entidades del Estado órdenes concretas y realizará un proceso de verificación de su cumplimiento.
En el comunicado de la decisión, la magistrada Cristina Pardo aseguró que “la Corte Constitucional consideró que, en efecto, sus derechos fundamentales (de los excombatientes), fueron desconocidas por la Unidad de Protección”.
La Corte determinó que el Gobierno tendrá cuatro meses para revaluar el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido Comunes, “así como otras personas que se encuentren en situaciones similares con ocasión de la suscripción del instrumento teorizando en particular la red de evaluación de riesgos de los esquemas de protección colectiva de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación”. COLPRENSA