Frente al alza desproporcionada de las tarifas de energía, ya es tiempo de que pasemos de la protesta a las propuestas. Me atrevo a plantear algunas para su discusión y discernimiento:
Primero, titularizar los recursos esperados en los próximos 5 años, del FONDENERGIA, creado por la Ley 2099 de 2021, que consolida en uno solo los fondos de energía social (PRONE, FAER y FAZNI), que pueden superar los $280.000 millones al año, aproximadamente, constituir un capital autónomo con esos recursos y con ellos financiar programas de formalización que contribuyan a la reducción del fraude y el no pago, de la factura de energía. Obviamente, su implementación se haría con el apoyo y acompañamiento de gobernadores y alcaldes.
Segundo, a medida que mejore el recaudo y la calidad de la cartera, gracias a las acciones anteriores, ello se debe reflejar en una baja en las tarifas en lugar de ir a mejorar el P&G de las empresas prestadoras del servicio. Para ello es indispensable un acuerdo entre la Superintendencia de Servicios y dichas empresas, dado que lo pactado con ellas mediante el programa de “gestión acordado de largo plazo” les permite el “reconocimiento de pérdidas e indicadores de calidad – base observados a diciembre 31 de 2019”. Este sería un gana-gana, para las empresas y para los usuarios!
Tercero, debería emprenderse ya, sin tardanza, un plan de choque, que comprometa al Gobierno nacional, a los departamentales y municipales, para la instalación de paneles solares en los techos de las viviendas de los estratos 1, 2 y 3, con lo cual se podrá reducir el valor de sus facturas de energía en un 30%, aproximadamente.
Cuarto, el Congreso de la República debería revisar y reajustar los kilovatios correspondientes al consumo de subsistencia, que sirve de base para la asignación del subsidio al consumo, subvencionado vía presupuesto nacional, dado que lo que se reconoce actualmente (173 KWH) no consulta la realidad de la región Caribe, cuyas condiciones climáticas obligan a los usuarios a un mayor consumo de energía.
Finalmente, un aspecto primordial que debe contemplarse en estos ajustes que deberán hacerse es el que tiene que ver con el cargo por restricciones contemplado en la fórmula tarifaria (costo unitario), toda vez que, después del indexador (IPP) y de las pérdidas reconocidas (PR), en el caso de la región Caribe, es el otro factor que viene presionando el alza de las tarifas de energía. Como es bien sabido las restricciones son causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos, ya sea de generación o de transmisión. Deberían asumirlas los responsables de las mismas.