Crece el acceso al aborto a través del sistema de salud en Colombia
- Acta Diurna
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A más de cuatro años de la histórica sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24, el acceso a este derecho a través del sistema formal de salud muestra avances muy significativos, aunque con profundas desigualdades territoriales. Así lo revela el más reciente informe de la organización La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, titulado “Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento”.
El documento analiza las dinámicas del servicio tras el fallo de 2022, tomando como base 2.532 casos de asesoría y acompañamiento realizados por la organización entre febrero de 2022 y diciembre de 2025. De estos, se confirmó que al menos 1.360 mujeres lograron realizarse el procedimiento de forma segura a través de sus respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Menos juzgados, más autogestión
Uno de los hallazgos más notables del informe es la drástica reducción de la necesidad de recurrir a instancias judiciales para hacer valer este derecho. Históricamente, las mujeres debían interponer tutelas o enfrentar largos litigios legales para que el sistema de salud las atendiera.
Hoy el panorama es distinto: solo el 19.2% de los casos requirió algún tipo de acompañamiento legal. El restante 80.8% de las mujeres logró acceder al servicio mediante la autogestión y la validación directa de sus derechos frente a los prestadores de salud, lo que demuestra una mayor apropiación del marco normativo por parte de la ciudadanía y una progresiva adaptación de las entidades médicas.
El factor tiempo: la importancia de la información
El estudio confirma una regla clara: a mayor acceso a información oportuna, el procedimiento se realiza de manera más temprana y segura.
Antes de la semana 12: 917 mujeres (el 67.4% de los casos confirmados) interrumpieron su embarazo en el primer trimestre.
Entre las semanas 13 y 20: 212 mujeres accedieron en este periodo.
Entre las semanas 21 y 24: Se registraron 74 casos.
Después de la semana 24: 63 procedimientos se realizaron bajo las tres causales excepcionales vigentes desde 2006.
Cuando las barreras administrativas o la desinformación retrasan el proceso, las mujeres se ven empujadas a semanas más avanzadas, lo que incrementa la carga emocional y los riesgos clínicos.
Las deudas pendientes: vulnerabilidad y enfoque regional
A pesar de las cifras positivas, el informe enciende las alarmas sobre las poblaciones que continúan desamparadas por las fallas del sistema, especialmente las mujeres rurales, migrantes y menores de edad.
"La despenalización, aunque histórica, no ha sido suficiente para garantizar un acceso real y equitativo en todo el territorio nacional", advierte la organización.
En términos geográficos, las capitales principales como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor volumen de procedimientos. Sin embargo, al evaluar el impacto en proporción a su población, departamentos como Meta, Guainía y Guaviare registraron la mayor incidencia de solicitudes de acompañamiento, evidenciando la falta de servicios resolutivos locales en la periferia del país.
La preocupación más profunda se centra en las menores de edad. El reporte registró 35 casos de niñas de entre 11 y 14 años que requirieron acompañamiento, además de 430 casos de adolescentes de entre 15 y 19 años (el 16.9% del total). Este grupo, según destaca La Mesa, sigue expuesto a altos niveles de estigmatización, maltrato institucional y entornos de extrema vulnerabilidad.
El reto para el sistema de salud colombiano ya no es la existencia de una ley protectora, sino la eliminación definitiva de los prejuicios, las fallas de infraestructura y las trabas burocráticas que impiden que el aborto legal y seguro sea una realidad equitativa para todas.