Corte Suprema deja en firme el llamado a juicio contra Arturo Char
- Acta Diurna
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En una decisión de alto impacto institucional que redefine la lucha contra las maquinarias electorales en el Caribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó en firme el llamado a juicio contra el exsenador y expresidente del Congreso, Arturo Char Chaljub. El alto tribunal desestimó formalmente el recurso de reposición con el que la defensa pretendía revocar la acusación proferida a finales de 2025, ratificando la existencia de mérito probatorio suficiente para procesar penalmente al político barranquillero por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravada.
Con esta ponencia aprobada, los magistrados clausuraron de forma definitiva la etapa investigativa, determinando que los argumentos del equipo jurídico de Char Chaljub no lograron desvirtuar el robusto acervo probatorio recopilado. En consecuencia, la corporación ordenó remitir de inmediato el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia, escenario donde se librará el juicio oral y público que definirá la responsabilidad penal de uno de los barones políticos más influyentes del departamento del Atlántico.
La cúpula del entramado: el pacto de 'Casa Blanca'
La hipótesis central que sostiene la Corte Suprema ubica a Arturo Char en la cúpula de una sofisticada organización delictiva dedicada a la compra masiva de votos, cuya base de operaciones se concentró en la sede política conocida como 'Casa Blanca', en el norte de Barranquilla. De acuerdo con las pesquisas judiciales, este entramado ilegal se diseñó y coordinó de cara a los comicios legislativos celebrados en marzo de 2018.
El alto tribunal detalla que la alianza delictiva involucró un pacto de mutuo beneficio entre las poderosas castas políticas de los Char y los Gerlein. Los registros del expediente señalan que la red criminal comenzó a gestarse formalmente en octubre de 2017, durante una reunión celebrada en la propia residencia de Arturo Char en la capital del Atlántico, presuntamente impulsada por iniciativa propia y de su hermano, el actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Evidencia clave en el expediente
Durante los allanamientos judiciales a la sede de operaciones de esta red de corrupción electoral, las autoridades incautaron $261 millones de pesos en efectivo, listados detallados de votantes, contabilidad paralela y una pistola Glock negra, elementos que sustentan la materialidad y el modus operandi de la estructura delictiva.
El propósito de esta maquinaria corrupta era triple: asegurar la millonaria reelección de Arturo Char al Senado de la República, impulsar la elección de Aída Merlano Rebolledo (ya condenada por la justicia y principal testigo en el caso) a la misma corporación, y catapultar a Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara de Representantes. Cada integrante del entramado desempeñaba un rol meticulosamente asignado; por ejemplo, el exdiputado Adalberto Llinás fungía como coordinador político de la red, con la misión específica de movilizar un bloque de al menos 10.000 sufragios comprados para la campaña del exsenador Char.
El laberinto jurídico y la jurisdicción de la Corte
El camino procesal de Arturo Char ha estado marcado por intensas maniobras legales y tensiones jurisdiccionales. En febrero de 2023, en un intento por apartar su caso de la esfera de la Corte Suprema, el entonces legislador presentó su renuncia irrevocable a su curul en el Senado. La defensa argumentó que, al perder el fuero parlamentario, el proceso debía ser trasladado de forma inmediata a la justicia ordinaria a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
No obstante, la Sala de Instrucción cerró esa puerta al dictaminar que las conductas punibles investigadas guardaban una relación directa e inescindible con sus funciones y su proyección política como senador, manteniendo de este modo la competencia exclusiva sobre el expediente. Posteriormente, tras emitirse una orden de captura internacional, Char fue recluido en un centro penitenciario, hasta que en enero de 2024 un juez penal municipal de Santa Marta ordenó su libertad inmediata amparado en el vencimiento de términos; una figura procesal que, aclaró la Corte en sucesivas oportunidades, no detuvo ni afectó la validez de la investigación penal.
Hacia el juicio
Con la confirmación del llamado a juicio expedida este 9 de julio de 2026, el caso entra en su etapa más crítica. La Sala Especial de Primera Instancia asumirá la dirección del debate probatorio, donde la defensa y los magistrados de juzgamiento confrontarán testimonios clave —como las ampliaciones de declaraciones de Aída Merlano— y las evidencias físicas incautadas en Barranquilla.
Este juicio representa un hito en la jurisprudencia del país, al someter al banquillo de los acusados a quien fuera la máxima dignidad del poder legislativo colombiano y miembro de un clan familiar cuyo peso electoral e industrial define los hilos del poder en la costa norte de Colombia.
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