Graves fallas administrativas encontró la Contraloría en la gestión del Inpec y de la Uspec en unas auditorías financieras y de cumplimiento. Los hallazgos de la entidad suman 223.
En la auditoría de cumplimiento realizada a las dos entidades, la Contraloría constituyó 131 hallazgos administrativos, de los cuales 45 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno connotación penal, y 15 son de carácter fiscal.
En el caso de la Auditoría Financiera a la Uspec, se determinaron 22 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y 1 de carácter fiscal.
Y en la Auditoría Financiera del Inpec, se determinaron 70 hallazgos administrativos, de los cuales 4 tienen presunta incidencia disciplinaria y otro más para el inicio de indagación preliminar.
Uno de los hallazgos relevantes es que las demandas contra el Inpec, por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por encima del billón de pesos.
La Contraloría determinó también que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus.
Si bien la Emergencia Sanitaria por la covid se había declarado desde el 12 marzo de 2020, y los primeros casos se presentaron en la cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país.
Además, la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras.
Adicionalmente, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación, fue relativamente baja. Particularmente, es baja la ejecución de los recursos de inversión. En este caso, si bien se comprometieron el 86,7% de los mismos, sólo se obligaron y pagaron el 40,4%.
La Contraloría emitió opinión contable negativa por los hallazgos encontrados y originados en el proceso de conciliación y cruce de información entre las dependencias del mismo Inpec y su área contable, ya que existen partidas conciliatorias que no se han registrado contablemente al no contar con documentos soporte, situación que genera incertidumbre en los saldos.
En el proceso de depuración de la propiedad, planta y equipo, relacionada con los bienes inmuebles, la Contraloría General determinó que no se cumplió, lo que implica que no se sabe la realidad de los terrenos y edificaciones, frente a su propiedad y disposición.
Se determinó, igualmente, que el Inpec no cuenta con una política contable de los créditos judiciales y que no se refleja en los estados financieros la situación real de los procesos.
Las demandas al Inpec, ocasionadas por presuntas fallas del servicio, tienen pretensiones por $1.1 billones a junio de 2020 y, en el 81,34% de los casos, no se informa sobre el sentido del fallo, por lo tanto, tienen alto riesgo de que sea en contra del Estado.
Así mismo, el procedimiento de depuración de las cifras de los estados contables no opera adecuadamente, por ello persisten las deficiencias en los saldos de las cuentas bancarias, créditos judiciales y pasivos contingentes, lo que impide que se conozca la realidad financiera de la entidad, identificándose la existencia de partidas conciliatorias en las cuentas bancarias que vienen desde el año 2008 y hasta el 2019, por $32.415.079.642,39.
Frente al proceso presupuestal, se determinaron deficiencias de planeación, programación y coordinación, que ocasionaron la expedición de CDPS por $1.429.587.389.59 para el reconocimiento y posterior pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas.
Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el Inpec constituyó reservas presupuestales por $45.615.607.901. Adicionalmente, la Contraloría General no refrendó las reservas presupuestales constituidas por valor de $1.105.570.138, relacionadas con algunos contratos interadministrativos, como el No. 118 de 2019, celebrado entre el Inpec y la Imprenta Nacional de Colombia, y otros que no se encuentran justificados en situaciones de fuerza mayor o imprevisible que obligara su constitución.
Se verificó, además, que el proceso de control interno financiero presenta deficiencias, por debilidades en los controles diseñados para la mitigación de los riesgos evidenciados en los procesos y áreas examinadas.