La Contraloría General de la República dictó, en primera instancia, medida de responsabilidad fiscal por culpa grave en el detrimento patrimonial de $4,33 billones por fallas en la planeación y ejecución del proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango.
Los mayores valores de la responsabilidad fiscal determinada por el ente de control están las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto” por valor de $2,9 billones y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica.
En la lista de los 26 condenados por responsabilidad fiscal por culpa grave figuran los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).
Asimismo, los exmiembros de junta directiva Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina; y los exgerentes del Idea, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).
Figuran Jesús Aristizábal Guevara, exdirector de Energía EPM; Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente Hidroituango; John Alberto Maya Salazar, exgerente de Hidroituango; y Luis Javier Vélez Duque Exgerente EPM-Ituango.
También aparecen las tres firmas que componen el consorcio constructor CCCI: Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H.; las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores, del consorcio constructor de túneles.
Fueron absueltos del proceso Aníbal Gaviria Correa (alcalde de Medellín 2012-2015) y Jorge Mario Pérez Gallón (miembro de la Junta Directiva y funcionario del Idea entre 2012 y 2015).
Otras determinaciones
El auto, firmado por la contralora delegada Juliana Velasco Gregory, determinó, además, desvincular a la aseguradora Mapfre; hacer efectiva una póliza expedida por Suramericana por US$102.205.000 para terceros afectados; y levantar las medidas cautelares que pesan respecto de las personas a quienes se les falló sin responsabilidad fiscal.
En otro aparte solicita compulsar copias de las piezas procesales que refieran un posible aumento de la altura de la presa, que podría tener incidencia en la licencia ambiental del proyecto Hidroituango, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
También negó una solicitud de nulidad formulada por Sergio Fajardo Valderrama, María Eugenia Ramos Villa, Federico Restrepo Posada, Jhon Maya Salazar y Rafael Nanclares Ospina.
Según el ente de control, las decisiones relevantes, así como las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial en el megaproyecto, se originaron entre 2008 y 2015 como consecuencia de una cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Contra este auto emitido por la Contraloría Delegada proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la notificación. La segunda instancia será resuelta por la Sala fiscal y sancionatoria de la Contraloría General de la República. EL COLOMBIANO / ACTA DIURNA