El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del Decreto 003 del 2021, por medio del cual se estableció un protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana.
La orden, que fue impartida a la Policía Nacional, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanza cohetes Venon.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta, con el propósito de que los uniformados actúen más como agentes de paz y garanticen el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.
Además, en cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, en próximas movilizaciones ciudadanas la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán que verificar, antes y después de cada jornada, el personal y el armamento de los que hagan uso los agentes partícipes en los operativos de control, patrullaje y acompañamiento a las protestas.
También se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”.
La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente Estado, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.
Por otra parte, solicitaron que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las fuerzas armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas.
El Consejo de Estado encontró que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, han vulnerado varios de los derechos frente a los cuales se invoca la protección.
Sostuvo que hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes.
Para la alta corte, las autoridades demandadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, han hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa.
Para la corporación judicial, este déficit radica, principalmente, en la falta de capacidad de los uniformados para aplicar el protocolo que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, implementó el Gobierno para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y demás garantías en este tipo de manifestaciones.
A su juicio, esto último se explica porque la falta de socialización entre los agentes de la fuerza pública ha dificultado identificar los requisitos para recurrir a uno u otro tipo de intervención, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la aplicación del principio de proporcionalidad. COLPRENSA