Congreso archivó proyecto de "justicia tarifaria del servicio de energía"
- Acta Diurna
- hace 23 horas
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La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley conocido como “justicia tarifaria para el servicio de energía” que buscaba beneficiar a los usuarios de la Costa Atlántica.
El senador Antonio Correa explicó con esta decisión se le dio la “espalda al clamor ciudadano” de la región Caribe, afectada por los altos costos del servicio eléctrico.
El congresista dijo que se programaron audiencias públicas en ciudades que no sufren las alzas tarifarias, mientras se ignoraba a las zonas más perjudicadas.
“Fue una jugadita calculada con consecuencias para el bolsillo de la región Caribe”, señaló el congresista quien responsabilizó directamente a los representantes Ciro Rodríguez del Partido Conservador y Daniel Carvalho de Alianza Verde de radicar “proposiciones infundadas” que llevaron al archivo del proyecto.
El senador del Partido de la U, dijo que debido a esta decisión se mantendrán varios aspectos controvertidos del sistema tarifario:
– No modificará la fórmula tarifaria
– No eliminará cobros injustos
– No garantizará transparencia en la factura
– No protegerá a los estratos 1 y 2
– No impulsará energías limpias
– No reformará la CREG
Dijo que, en consecuencia, los usuarios seguirán asumiendo el cobro por pérdidas técnicas que deberían corresponder a las empresas, no se transparentarán las facturas de energía que actualmente mezclan conceptos como alumbrado público y aseo, los estratos 1 y 2 no serán exonerados del pago de alumbrado público y se perdió la oportunidad de crear incentivos para energías renovables.
Denunció que el proyecto no fue aprobado debido al “cabildeo de monopolios del alumbrado público y comercializadoras que siempre encuentran eco en el Congreso. La frustración es evidente: nuestro proyecto se ha hundido por falta de trámite”.
El archivo de este proyecto se produce en medio de crecientes quejas por los costos del servicio eléctrico en el Caribe, donde según cifras de las mismas empresas prestadoras, las tarifas pueden superar en un 40 % el promedio nacional, afectando particularmente a familias de bajos recursos.