Concejo aprobó cesión de la infraestructura a la Triple A

En una sesión que marca el rumbo de los servicios públicos para las próximas décadas, el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó la cesión de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A por un periodo de 20 años. Esta decisión estratégica, que entrará en vigor en octubre de 2033 tras el vencimiento del contrato de concesión actual, busca blindar la estabilidad operativa y asegurar la continuidad en la prestación de servicios esenciales para la capital del Atlántico.

El sustento legal y social de la iniciativa fue defendido por el concejal José Trocha, ponente del proyecto, quien enfatizó que la medida se alinea con la Ley 142 de servicios públicos. Según Trocha, el acceso al agua potable bajo los principios de finalidad colectiva y universalidad es una obligación ineludible del Distrito, subrayando que la responsabilidad del cabildo es garantizar que ningún barranquillero quede excluido de estos recursos vitales. En este sentido, la entrega de los activos a la operadora se plantea no solo como un movimiento administrativo, sino como una garantía de bienestar social a largo plazo.

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Desde el gabinete distrital, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica, lideradas por Emelith Barraza y Margine Cedeño respectivamente, junto al asesor Guillermo Acosta, han señalado que esta capitalización es la ruta más eficiente para una gestión sostenible. El argumento central de la administración radica en que, al formalizar la propiedad de la infraestructura en cabeza de Triple A, la empresa fortalece significativamente su perfil de riesgo ante el sector financiero. Esto permitirá la obtención de créditos con tasas de interés más competitivas, facilitando la ejecución de macroproyectos de inversión que de otro modo serían difíciles de financiar.

Finalmente, el Distrito recordó que posee más del 68% de las acciones de Triple A, lo que convierte esta cesión en un fortalecimiento del patrimonio público. Al eliminar la incertidumbre contractual y dotar a la compañía de seguridad jurídica, se habilita una planificación técnica de mantenimiento y expansión con una visión de futuro. Con esta aprobación, la ciudad apuesta por un modelo donde la robustez financiera de su principal empresa de servicios públicos se traduzca directamente en una mejora tangible de la calidad de vida para todos sus habitantes durante las próximas dos décadas.