Colombia es el país más desigual de América: CIDH

El panorama de los derechos humanos en Colombia ha quedado retratado con crudeza tras la presentación del más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento que no solo expone cifras, sino que articula una crítica profunda a las estructuras de exclusión que definen al país.

José Luis Caballero Ochoa, presidente del organismo, ha sido enfático al señalar que la nación se posiciona como la más desigual de las Américas y una de las más inequitativas a nivel global, una realidad donde la acumulación de riqueza en manos de unos pocos ha perpetuado la marginación histórica de vastos sectores poblacionales.

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Esta brecha estructural no es solo económica, sino que se manifiesta en un limitado reconocimiento simbólico y práctico de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y víctimas del desplazamiento forzado, quienes quedan expuestas a una vulnerabilidad mayor en territorios donde la ausencia estatal ha permitido el arraigo de economías ilícitas y el control de grupos criminales sobre la vida cotidiana.

La respuesta de la Comisión a esta crisis se materializa en un conjunto de 57 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, con un eje central que prioriza el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz y la implementación de reformas pendientes, como la rural integral y el programa de sustitución de cultivos.

Según Caballero Ochoa, la superación del orden violento exige abandonar el enfoque tradicionalmente militarista de la guerra contra las drogas, el cual ha sido identificado como un factor que, lejos de resolver el conflicto, ha contribuido a su perpetuación. En este sentido, el organismo internacional aboga por una política que ataque las causas raíz de la desigualdad, ofreciendo alternativas reales a los jóvenes vulnerables para evitar que sean captados por la criminalidad o el consumo, bajo la premisa de que la seguridad humana y el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda son los únicos pilares capaces de sostener un Estado constitucional democrático.

En el actual contexto político y electoral, la Comisión hace un llamado a la estabilidad y a la visión de largo plazo, instando a los actores políticos a no retroceder en los avances logrados ni a desmantelar instituciones clave como la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Caballero Ochoa subraya que, independientemente de las tendencias partidistas de cualquier gobierno, existen mínimos de protección de derechos que deben ser innegociables y estar alineados con los tratados internacionales. Al proponer un diálogo nacional como punto de partida, el informe busca no solo reducir la polarización social, sino también recordar que la paz verdadera pasa por la inclusión de aquellos colectivos tradicionalmente silenciados.

Paralelamente, la labor de monitoreo de la Comisión se extiende a la región, manteniendo una vigilancia constante sobre la situación en Venezuela, donde el organismo ha emitido decenas de medidas cautelares y persiste en su solicitud de realizar una visita oficial para verificar el estado de los derechos humanos tras los recientes acontecimientos electorales y las tensiones internacionales.