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¿Cerco humanitario o secuestro?



El ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, se refirió al porqué calificó el secuestro de los policías en el Caquetá por parte de la comunidad como un cerco humanitario y aseguró que el campesinado no podía ser estigmatizado.


La declaración de Prada se dio luego del acuerdo que logró el Gobierno tras 43 días de protestas por parte de algunos campesinos en San Vicente del Caguán, Caquetá, que dejaron como saldo un policía y dos campesinos muertos, además de la retención de 78 uniformados por más de 24 horas.


El ministro Prada explicó por qué describió la situación como un cerco humanitario.



“Esto es una intervención que hago cuando llegamos con la ministra de Minas a instalar la mesa, todavía nos falta la mitad del equipo y no sabíamos si se iba a dar diálogo o no, yo recibo un primer informe de ellos en el que me mencionan el tema de que habían hecho un cerco humanitario y lo que hago es reconocer de buena fe, la descripción que ellos hacen de la situación”, explicó Prada.


El ministro aseguró además que a él no le corresponde definir qué calificación jurídica que se le da a la situación.


“El tema del cerco humanitario no es un tema de calificación de la conducta como tal porque no soy autoridad competente para calificarla, es la información que recibo de parte de ellos, de buena fe. Simplemente recibo la información y la transmito”, explicó Prada.


Expresó que la situación únicamente la podría definir las autoridades judiciales haciendo evaluación de lo ocurrido en el Caquetá.


“No es el Gobierno Nacional, no es el ministro del Interior quien califica que tipo de conducta típica se comete o no se comete en un territorio, eso es función exclusiva, única de la Fiscalía General de la Nación y naturalmente los jueces”, afirmó Prada.


“Humillación y secuestro”


En rueda de prensa, Barreras sostuvo que lo sucedido la semana pasada puso en riesgo al Estado de Derecho y por ende a la institucionalidad del país.


“La protesta social no puede confundirse con la protesta violenta, lo que pasó en Caquetá, en que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera, fue una humillación a la fuerza pública y no solo humillación... cuando se humilla a la fuerza pública se humilla el Estado de Derecho. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado unas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegítima”.


El presidente del Senado planteó que “me parece pertinente que el Gobierno, por sus voceros, descalifique cualquier uso de la justicia por mano propia, ninguna organización ilegal, ninguna de las guardias para defenderse (la campesina, la cimarrona, la indígena), no pueden reemplazar la fuerza pública, el reemplazo de las instituciones es el reemplazo del Estado de Derecho, para salvar la protesta social hay que blindarla.”


Por su parte, la senadora María Fernanda Cabral, del Centro Democrático rechazó la afirmación del ministro Prada y anuncio acciones legales por lo ocurrido en San Vicente del Caguán.


“Nosotros recogimos todo lo que logramos en las redes sociales e interpusimos una denuncia el día de ayer; lo hicimos por los delitos de desplazamiento, invasión a la propiedad privada, secuestro, homicidio de una autoridad; tenemos también crimen ambiental porque ellos incendiaron los lugares donde se hace la extracción del petróleo”, señaló en declaraciones a Blu Radio la congresista.


El senador Humberto De la Calle se sumó a las críticas y escribió que “Una policía vilipendiada y humillada como ocurrió en Caquetá, es el principio de la anarquía”.


Procuraduría abre indagación


El Ministerio Público decidió abrir indagación preliminar a los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, por la presunta omisión en el ataque por los hechos ocurridos en San Vicente del Caguán.


La Delegada Disciplinaria de Instrucción del ente de control busca “establecer los comportamientos que por acción u omisión que podrían haber desplegado los mencionados funcionarios y que podrían constituir falta disciplinaria”.



El Ministerio Público sostuvo que, durante los enfrentamientos, algunos miembros de la Fuerza Pública solicitaron respaldo en diversas comunicaciones radiales, pero este no fue brindado y eso facilitó la retención de los uniformados.


Se determinó practicar inspección disciplinaria a los ministerios de Interior y de Defensa para obtener copia de los documentos y órdenes impartidas con relación a la situación de orden público que se presentó en el Caquetá.


Cabe resaltar que la Procuraduría ya había abierto una investigación a la Policía Nacional. COLPRENSA

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