Centros de pensamiento piden rescatar a la región del olvido estatal
- Acta Diurna
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En momentos clave en que Colombia empieza a trazar su rumbo político hacia la próxima década, tres de los centros de pensamiento más importantes del norte del país —Fundesarrollo, el Centro de Estudios Socioeconómicos Regionales (Cesore) y la Fundación Atarraya— han lanzado una contundente advertencia al poder central: el desarrollo nacional es inviable si se sigue construyendo de espaldas al Caribe colombiano.
Bajo el título "Caribe 2030: prioridades para una agenda de desarrollo regional", estas organizaciones presentaron una hoja de ruta técnica que busca sacudir el debate de las elecciones presidenciales y legislativas. El diagnóstico de partida es demoledor: la región concentra cerca del 22% de la población del país, pero alberga de manera desproporcionada al 41% de los colombianos que viven en condición de pobreza multidimensional.
"Esta propuesta busca aportar evidencia y recomendaciones para que la región tenga un lugar prioritario en las decisiones que marcarán la próxima década", afirmaron los directores de los centros de pensamiento, dejando en claro que las políticas homogéneas y centralistas han fracasado estrepitosamente en el territorio.
La paradoja social
El estudio revela que las carencias del Caribe afectan directamente a más de 2,1 millones de personas, lo que equivale al 17,9% de la población regional, la tasa más alta de toda Colombia. No obstante, el documento enfatiza que el Caribe no es un bloque homogéneo. Mientras el departamento del Atlántico registra niveles de pobreza multidimensional cercanos al 8,2%, en La Guajira la cifra se dispara alarmantemente hasta el 40,1%.
Uno de los indicadores más alarmantes es el educativo: la región duplica la tasa nacional de analfabetismo. En las zonas rurales, esta problemática golpea con fuerza, oscilando entre el 20% y el 30% en la mayoría de los departamentos. Además, las deficiencias de infraestructura básica configuran un panorama crítico: las viviendas con pisos de tierra triplican la media nacional y, en la ruralidad de La Guajira, el 74% de las personas carecen por completo de acceso adecuado a agua potable.
Frente a esto, "Caribe 2030" propone un plan de choque que incluye un programa regional masivo de alfabetización y la reestructuración del Sistema General de Participaciones (SGP) con criterios de equidad territorial, de modo que los recursos de la Nación se asignen según las brechas históricas y no solo por el volumen de matrícula.
Inseguridad ciudadana: Extorsión y multicriminalidad
La tranquilidad de los hogares del Caribe se encuentra bajo un asedio sin precedentes. Delitos de alto impacto como el homicidio y la extorsión han mostrado un deterioro profundo en las condiciones de seguridad urbana y rural.
De acuerdo con el informe, la extorsión ha mutado de manera perversa: dejó de concentrarse exclusivamente en las grandes industrias y hoy asfixia a pequeños comerciantes, transportadores y vendedores informales. Los centros de pensamiento explican que la ubicación estratégica de la costa septentrional, codiciada por sus corredores logísticos y portuarios, la ha convertido en el epicentro de una dinámica de "multicriminalidad" donde confluyen el narcotráfico, el microtráfico, el contrabando y el lavado de activos, agravada por la debilidad institucional y la corrupción.
Para recuperar el control, los expertos urgen a la creación de unidades judiciales especializadas contra la extorsión, la persecución rigurosa de las estructuras financieras criminales mediante analítica de datos y una mayor transparencia en la contratación pública para evitar la captura institucional.
Emergencia en el mercado laboral y crisis energética
El mercado de trabajo en las capitales del Caribe avanza a un ritmo mucho más lento que en el resto del país. Para el tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo en estas ciudades se ubicó en el 10% (un punto por encima de la media nacional), acumulando más de 230 mil personas desocupadas. Sin embargo, el verdadero enemigo estructural es la informalidad. En la población juvenil, más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, una barrera que condena a las nuevas generaciones a la inestabilidad y a la falta de seguridad social.
A este rezago productivo se suma la crisis del servicio de energía eléctrica, calificada por los investigadores como un problema socioeconómico antes que técnico. El Caribe consume el 27% de la energía de Colombia, impulsado por las altas temperaturas y la intensidad de su aparato productivo. No obstante, este consumo convive con una pobreza energética generalizada y tarifas impagables para una población con altos índices de desempleo e informalidad (que en Atlántico, Magdalena y La Guajira ronda el 74%).
La propuesta del compendio es categórica: el Gobierno Nacional debe flexibilizar los costos laborales para incentivar la formalización de las microempresas, reconfigurar la formación técnica hacia la transición energética y los servicios portuarios, y diseñar un modelo tarifario y de prestación eléctrica diferencial que reconozca que no existe un único "mercado Caribe".
Un llamado a los tomadores de decisiones
El documento, coordinado por liderazgos técnicos como Oriana Álvarez (Fundesarrollo), Fernando Herrera (Cesore) y Jairo Burgos (Atarraya), no pretende quedarse colgado en los estantes de la academia. Nace como un documento de consulta obligatoria dirigido expresamente a los candidatos presidenciales, congresistas, empresarios y autoridades locales.
El mensaje final de los centros de pensamiento es claro: el Caribe cuenta con las capacidades logísticas, la riqueza ambiental y el bono poblacional para convertirse en el motor de la transición energética y la competitividad de Colombia. Sin embargo, la ventana de oportunidad con miras al año 2030 requiere voluntad política inmediata y un cambio de paradigma en la inversión pública nacional. La Costa no puede seguir esperando.
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