Carlos Caicedo: condena por corrupción y denuncia por delito sexual

El periplo político de Carlos Caicedo Omar, máximo líder del movimiento Fuerza Ciudadana y una de las figuras más influyentes de la izquierda en la región Caribe colombiana, sufrió un golpe judicial determinante. Un juez de la República dictó sentencia condenatoria en primera instancia en su contra, ordenando su reclusión inmediata en centro carcelario una vez el fallo quede en firme, al considerarlo responsable de graves delitos contra la administración pública durante su administración como alcalde de Santa Marta.

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá declaró al exmandatario culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado en calidad de coautor.

La decisión impuso una pena principal de 117,6 meses de prisión (equivalentes a 9 años y 9 meses), una multa superior a los $4.000 millones de pesos y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la condena, aplicando lo estipulado en el artículo 122 de la Constitución Política para los delitos contra el patrimonio del Estado. Asimismo, el despacho judicial negó cualquier sustitutivo o beneficio de libertad condicional, dejando en manos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) la asignación del centro de reclusión donde deberá cumplir la pena.

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El contrato de la salud: $6.500 millones bajo la lupa

Los hechos que derivaron en la condena se remontan a los años 2014 y 2015. La investigación de la Fiscalía General de la Nación se centró en las irregularidades cometidas en la fase precontractual del contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014, suscrito entre la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes SAS, por un valor de $6.532.759.830 de pesos y un plazo de ejecución de 10 meses.

El contrato tenía como objeto el mantenimiento y adecuación de cinco centros de salud fundamentales para la comunidad samaria: Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

Según la providencia judicial, el 5 de junio de 2014, actuando en su doble condición de alcalde distrital y presidente de la junta directiva de la ESE, Caicedo expidió el Acuerdo No. 0004. Mediante este acto administrativo facultó al gerente de la entidad para contratar las obras, trámite en el cual la justicia acreditó maniobras al margen de la ley y apropiación indebida de recursos públicos.

"Hemos logrado la condena en contra de Carlos Caicedo, un personaje que por mucho tiempo gozó de impunidad. Un juez de la República ha dado sentido del fallo y sentencia, y lo encuentra responsable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado sobre el caso de los puestos de salud. Seguiremos adelante con las demás investigaciones para que se siga haciendo justicia", afirmó el abogado querellante Julián Quintana tras conocer el fallo.

Por su parte, la defensa técnica del exgobernador, representada por la firma del abogado Iván Cancino, insistió a lo largo del proceso en que no existía evidencia directa que vinculara a Caicedo con las anomalías contractuales. Frente al fallo de primera instancia procede aún el recurso de apelación.

Lidiar con la justicia: obras inconclusas y pandemia

La condena por la red de puestos de salud no es el único frente judicial que acorrala al exaspirante presidencial. La Fiscalía avanza en otro proceso de gran calado por el presunto direccionamiento irregular en la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y tres ludotecas durante su alcaldía.

En este caso, la Fiscalía imputó a Caicedo tras detectar 21 anomalías en la fase precontractual y adiciones presupuestales injustificadas mediante otrosíes, las cuales elevaron el valor original del proyecto por encima de los $11.489 millones de pesos, de los cuales se calculan sobrecostos superiores a los $4.534 millones. Muchas de las estructuras quedaron inacabadas o con graves fallas de construcción.

A esto se suma un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades en un convenio financiado con recursos del Sistema General de Regalías para la dotación de un laboratorio de atención del Covid-19 cuando ejerció como gobernador del Magdalena.

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La arista más oscura: investigaciones por delitos sexuales

A la intrincada maraña de casos por corrupción administrativa se añade un expediente penal por presuntos delitos sexuales que cursa en una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Se investiga a Carlos Caicedo por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra una menor de edad que tenía 8 años al momento de los hechos denunciados en 2023. La indagación contaría con elementos materiales probatorios que incluyen análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal, interceptaciones telefónicas y registros de audio.

Paralelamente, cinco exfuncionarias vinculadas a la Gobernación del Magdalena y al movimiento Fuerza Ciudadana interpusieron denuncias formales por presunto acoso sexual y abuso de poder. En sus testimonios ante los entes de control, las mujeres señalaron la existencia de un esquema de presiones laborales mediante el cual se condicionaba la permanencia en sus cargos, ascensos o contrataciones a cambio de pretensiones de índole sexual.