crossorigin="anonymous">
top of page

Cajibío: familias atrapadas, ataques con drones y clamor por auxilio



La calma se rompió estrepitosamente el pasado domingo 9 de agosto en las zonas rurales del municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. Lo que comenzó como escaramuzas aisladas entre unidades del Ejército Nacional y guerrilleros de la estructura Jaime Martínez, alineados bajo el mando de las disidencias de alias Iván Mordisco, derivó rápidamente en un choque bélico de proporciones alarmantes. A lo largo de casi una semana de enfrentamientos ininterrumpidos, las ráfagas de fusil y las detonaciones de morteros han retumbado por las veredas La Palma, La Diana, El Edén, La Isla, Achiral y Chaux, pertenecientes al corregimiento de Ortega, dejando tras de sí un desgarrador rastro de zozobra, desolación y una emergencia humanitaria que tiene desbordadas a las autoridades locales.


El balance de esta confrontación es tan dramático como complejo. De acuerdo con los reportes oficiales y las denuncias de las propias comunidades, más de 700 familias —lo que equivale a cientos de pobladores entre niños, mujeres y adultos mayores— se encuentran confinadas de forma estricta en sus parcelas o se han visto forzadas a abandonar sus pocas pertenencias para huir a través de los matorrales bajo el asedio constante de los proyectiles. En el epicentro de la conflagración, la población civil paga la cuota más alta de la violencia: el fuego cruzado y las explosiones aéreas han dejado un número indeterminado de personas lesionadas, entre las que destaca el lamentable caso de una menor de edad que resultó gravemente herida tras la detonación de un artefacto en las inmediaciones de su vivienda. La pequeña tuvo que ser auxiliada por los propios enfermeros de combate del Ejército y trasladada de urgencia mediante una compleja evacuación aeromédica en helicóptero hacia un centro hospitalario de alta complejidad en la ciudad de Popayán.



El drama de una población civil acorralada entre trincheras


La vida cotidiana en las veredas del corregimiento de Ortega se ha paralizado por completo. Las actividades agrícolas, el comercio local y el tránsito habitual por las carreteras destapadas han quedado suspendidos bajo la amenaza constante de las balas. Los campesinos describen jornadas enteras tirados en el suelo de madera o sobre el barro de sus casas de bahareque, buscando refugio tras paredes delgadas que no ofrecen ninguna garantía frente al impacto de la munición pesada. La escasez de alimentos y medicinas empieza a hacer mella entre las familias atrapadas, mientras que los animales de cría y los cultivos quedan a merced de la destrucción operacional.


La gravedad del escenario se acentúa por las tácticas de combate adoptadas por el grupo armado ilegal. Según denuncias formuladas por el Mando Militar, los combatientes de la estructura Jaime Martínez han incurrido de manera sistemática en infracciones al Derecho Internacional Humanitario al utilizar la infraestructura comunitaria como parapeto. Viviendas particulares, casetas de acción comunitaria e incluso las instalaciones de las escuelas rurales de la zona han sido ocupadas y transformadas en trinchera militar desde donde los insurgentes abren fuego contra las tropas e improvisan talleres para el armado de artefactos explosivos. Esta utilización de bienes protegidos y el uso de la población civil como escudo humano han elevado exponencialmente el riesgo para la comunidad local, convirtiendo sectores residenciales en auténticos campos de batalla.


"La guerrilla se nos viene encima": el angustioso llamado desde la primera línea de fuego


La dimensión del infierno que se vive en las montañas de Cajibío quedó al descubierto no solo a través de los partes oficiales, sino mediante el estremecedor testimonio directo de los combatientes. Carlos Andrés, un joven soldado de 26 años adscrito a la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional desplegada en Popayán, logró hacer llegar un angustioso relato en pleno desarrollo de los combates. Su voz, sofocada por el ruido estridente de las ráfagas y las detonaciones lejanas, reflejó la crudeza inaudita con la que la disidencia armada ha embestido a las posiciones oficiales.


El uniforme de las tropas, impregnado de barro y sudor tras días ininterrumpidos de asedio, resguarda a soldados que sienten que sus fuerzas se agotan mientras la superioridad numérica del enemigo se hace evidente. El uniformado relató cómo apenas dos pelotones del Ejército intentaban contener el embate masivo de las estructuras guerrilleras, que irrumpieron con el firme propósito de tomarse el casco poblado del corregimiento de Ortega. Con palabras entrecortadas pero tajantes, el joven militar advirtió que la situación dentro de la zona era crítica: reportó la existencia de múltiples compañeros heridos en el suelo, campesinos atrapados con lesiones sangrantes y la angustiosa incertidumbre por la suerte de cuatro soldados cuyo paradero se desconocía tras ser acorralados por el grupo rebelde en medio del caos.


Durante sus transmisiones de auxilio, el soldado hizo un llamado vehemente a los mandos superiores y a la cúpula del Ejecutivo, dirigiéndose de manera explícita al Gobierno Nacional para que ordene el envío inmediato de refuerzos aéreos y terrestres. Según su testimonio, el abastecimiento de munición comenzaba a convertirse en un factor de enorme vulnerabilidad para las tropas golpeadas por las horas continuas de combate. El muchacho alertó con desesperación que el grupo ilegal avanzaba de manera progresiva sobre sus posiciones, advirtiendo que la capacidad operativa del contingente militar presente en el sitio corría el riesgo de ser rebasada si no se producía un despliegue operacional de apoyo de forma urgente.




Drones de guerra: la amenaza que cambia el rumbo del conflicto


Uno de los aspectos más perturbadores y novedosos documentados durante esta sangrienta jornada en el centro del Cauca es el empleo intensivo y letal de tecnología no tripulada por parte de las disidencias de las FARC. Lo que tiempo atrás constituía una herramienta de uso civil o de reconocimiento, hoy se ha convertido en un mortífero vector de ataque aéreo utilizado por la guerrilla para golpear de forma certera a las unidades del Ejército y a la población.


Los testimonios coinciden en señalar que sobre el cielo de Ortega sobrevuelan constantemente pequeños drones equipados con mecanismos de liberación remota capaces de soltar granadas de fragmentación y cargas explosivas artesanales de alto impacto directo sobre las trincheras y caseríos. Estas aeronaves no tripuladas aparecen de forma sorpresiva, volando a baja altura entre las copas de los árboles, lo que dificulta notablemente su detección temprana y su neutralización mediante el armamento convencional que portan las tropas en tierra.


Los propios militares desplegados en la zona admitieron las severas limitaciones que enfrentan para contrarrestar esta modalidad de ataque. Disparar con fusil de dotación a un objetivo pequeño y en rápido movimiento en el aire resulta sumamente ineficiente y expone aún más la posición del tirador. La falta de sistemas de inhibición de frecuencia o equipos antidron de última tecnología en el sitio de los enfrentamientos ha dejado a las tropas y a los habitantes en una posición de extrema indefensión, convirtiendo cada zumbido de motor en las alturas en un preludio de tragedia y desconcierto.


Gobernador del Cauca exige intervención urgente al presidente


La escalada desenfrenada de la violencia en Cajibío provocó una inmediata reacción por parte del gobierno departamental. El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, dirigió una vehemente misiva oficial al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, exponiendo la magnitud de la tragedia humanitaria y solicitando una acción estatal para evitar una masacre o un desplazamiento masivo de proporciones históricas.


En su comunicación, el mandatario regional advirtió que las capacidades institucionales tanto de la alcaldía local como de la propia gobernación han sido totalmente superadas por la severidad del conflicto. Guzmán enfatizó que el departamento atraviesa una crisis de orden público sin precedentes recientes en esa región, derivada de la disputa territorial encarnizada que sostienen los grupos armados al margen de la ley por el control de los corredores estratégicos para el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. El gobernador fue enfático al declarar que los habitantes rurales no pueden continuar pagando con sus vidas el costo de un enfrentamiento armado en el que no tienen participación alguna.


Dentro de las peticiones concretas elevadas al Gobierno Nacional, el mandatario del Cauca solicitó la convocatoria urgente de un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del ministro de Defensa y el ministro del Interior. Asimismo, exigió el diseño y la ejecución inmediata de una estrategia operacional integral de la Fuerza Pública que permita recuperar el control territorial en las veredas afectadas de Cajibío, restablecer la seguridad, despejar las vías de acceso e ingresar con asistencia humanitaria de emergencia para llevar alimentos, insumos médicos y refugio a las cientos de personas que hoy padecen la incertidumbre del confinamiento.



El clamor campesino


Mientras las balas continuaban retumbando en la montaña, la desesperación de la comunidad de Cajibío cruzó los límites rurales y llegó hasta la capital del departamento. En un acto de protesta y supervivencia, decenas de habitantes e integrantes de organizaciones campesinas del corregimiento de Ortega viajaron masivamente hacia la ciudad de Popayán para concentrarse frente a las instalaciones del Cantón Militar José Hilario López.


A las afueras de la sede militar, los campesinos manifestaron con pancartas y arengas su angustia por la suerte de sus seres queridos que permanecen atrapados bajo el fuego cruzado. Contrario a lo que ha ocurrido en otros escenarios del país donde las comunidades piden el retiro de las tropas, en esta oportunidad los pobladores de Cajibío exigieron la presencia permanente, robusta e ininterrumpida del Ejército Nacional en sus territorios. La comunidad argumenta que la ausencia o el retiro temporal de las autoridades deja la puerta abierta para que los grupos armados ilegales impongan su ley a través del terror, las extorsiones y el reclutamiento forzado.


La crisis que atraviesa hoy el corregimiento de Ortega en Cajibío sintetiza la dura realidad que golpea a vastas zonas del Cauca, donde la población civil vive acorralada entre la sofisticación de las tácticas bélicas de la guerrilla y la lentitud de las respuestas estatales. Mientras las tropas buscan sostener sus posiciones y contener el avance de los grupos disidentes, cientos de familias aguardan con temor en la penumbra de sus hogares, con la esperanza de que las decisiones políticas y militares pongan fin a seis días continuos de angustia, zozobra y metralla.

Comentarios


bottom of page