Recientemente se realizó una mesa de garantías en la que participaron la Gobernación del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil. El objetivo central de este encuentro fue establecer rutas de prevención y protección, acordando medidas preventivas de seguridad para líderes y lideresas sociales, así como para la población en general del departamento del Atlántico, en respuesta a las amenazas crecientes en el territorio.
En el espacio, la Defensoría del Pueblo recalcó la importancia de reconocer el decreto 660 de 2018, el cual se enfoca en la protección de líderes y lideresas sociales, y el fortalecimiento de las acciones y medidas preventivas en los municipios, puesto que no se ha recibido la información necesaria sobre sus derechos humanos.
De igual manera, la Defensoría destacó la vigencia de las alertas tempranas 022 de 2023 y 019 de 2023, en las que se hace hincapié en la presencia de grupos al margen de la ley que operan en la región y se dedican a la extorsión, desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones y violencia de género.
Ante este escenario de riesgo, la Defensoría reiteró su llamado a las entidades competentes para que brinden las garantías de seguridad y protección necesarias a los líderes y lideresas sociales, con el fin de prevenir futuras vulneraciones a sus derechos humanos. COLPRENSA
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