4,4 billones de pesos y millones de vidas: la gran estafa de las EPS

Por: Omar Romero Díazz

Dos administradores cercanos a clanes políticos tradicionales, hermanos de candidatos, senadores de partidos de ultraderecha aparecen en la escena. La Contraloría General de la República revela hallazgos por 4,4 billones de pesos en las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La Fiscalía anuncia investigaciones. Lo que parece un episodio aislado es, en realidad, un sistema que durante décadas permitió que se esfumaran recursos vitales para la salud de millones de colombianos.

¿Cómo es posible que durante años ministros, superintendentes y presidentes no vieran lo que hoy es evidente? ¿No se dieron cuenta? ¿Los engañaron sus propios funcionarios? ¿O todo se supo y se permitió que el sistema siguiera sangrando? ¿Por qué nadie les dijo a los hoy expresidentes que gobernaron el país, o si se les dijo, por qué no se actuó? Estas preguntas, lejos de ser anecdóticas, son la punta del iceberg de una historia estructural visible sobre la superficie, mientras que el 90 % restante está sumergido, lo que puede hacer que su tamaño real sea mucho mayor de lo que parece.

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Esto no es un caso aislado: es la historia de la Ley 100 y sus decretos. Desde 1994 hasta 2022, un mar de normas (Decretos 995, 1492, 1606), entre muchas otras fueron flexibilizando los requisitos financieros a las EPS. Con cada flexibilización, más EPS entraban, más EPS se liquidaban, más deudas quedaban impagas a hospitales, clínicas y trabajadores de la salud. Y con cada liquidación, los dueños y gerentes podían marcharse sin responder por el dinero público.

El resultado es demoledor: 130 EPS liquidadas, deudas multimillonarias con el sistema hospitalario, tratamientos interrumpidos, pacientes sin medicamentos, médicos y enfermeras sin pago. Las cifras de muertes evitables, millones a lo largo de tres décadas, son un testimonio de que este no es un “error administrativo” sino una tenebrosa política pública que terminó en una tragedia humana.

Un modelo que normaliza la muerte

Se crea la Ley 100 para ampliar cobertura y eficiencia, pero esto no se dio. La lógica del mercado se impone, las EPS se convierten en intermediarios financieros y no en garantes del derecho a la salud.

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Un sistema que normaliza el desvío y la fuga de recursos, legitima la liquidación sin responsabilidad y produce un genocidio silencioso.

Mientras tanto, muchos de quienes han legislado, regulado o administrado estas entidades hoy se oponen a la reforma a la salud. Defienden el modelo como si fuera exitoso cuando es una catástrofe. No es casualidad: las redes políticas, económicas y burocráticas construidas en torno a las EPS han sido el botín de varias generaciones de políticos de ultraderecha y de quienes han hecho de la salud un negocio.

La otra cara del silencio mediático

Si no tuviéramos hoy un Gobierno que le apunta al cambio, seguiríamos vendados ante esta realidad. Los grandes medios de comunicación al servicio de las viejas oligarquías y adueñados del poder habrían seguido ocultando lo que estaba pasando en la salud, mientras el país paga préstamos al FMI solicitados en el Gobierno anterior. Dinero que se esfumó y que hoy el Gobierno del Cambio está pagando con los impuestos de los colombianos.

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Hoy, con hallazgos de la Contraloría por billones y con investigaciones en curso, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿de qué lado está el Estado? ¿Del lado de la vida o del lado del negocio?

Si no se rompe esta cadena de decretos, excepciones y “arreglos” desde 1994 hasta hoy la tragedia seguirá. La reforma a la salud no es un capricho: es un intento por revertir un genocidio construido pacientemente, decreto tras decreto, liquidación tras liquidación.

Es hora de que la ciudadanía no solo observe, sino actúe: exigir transparencia, apoyar la reforma, vigilar los recursos y exigir responsabilidades. Porque la salud no es mercancía ni botín político: es un derecho fundamental y un bien común.