20 años de poder: ¿Una ciudad para la foto o para sus ciudadanos?
- Acta Diurna
- hace 2 días
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Por José Navarro Muñoz
Durante casi dos décadas, Barranquilla ha estado gobernada por administraciones políticas vinculadas a la casa Char.
Nadie puede negar que la ciudad ha cambiado en su infraestructura: el Gran Malecón, la recuperación de espacios públicos, la canalización de arroyos, parques, hospitales, colegios y nuevas vías forman parte de un proceso de transformación urbana ampliamente reconocido.
Sin embargo, la pregunta que miles de barranquilleros siguen haciéndose es otra: ¿esa transformación ha significado una mejor calidad de vida para todos o solo una ciudad más atractiva para mostrar?
La inseguridad continúa siendo una de las mayores preocupaciones ciudadanas.
La extorsión, el sicariato, los hurtos y la presencia de estructuras criminales siguen afectando a comerciantes, transportadores y familias enteras, esto es producto de las malas políticas públicas, que deben ser basadas en oportunidades para los jóvenes y las familias en general, en sectores pobres y vulnerables.
La propia administración ha reconocido la necesidad de destinar cientos de miles de millones de pesos adicionales para fortalecer la seguridad.
En materia social, aunque diversos indicadores muestran reducciones de la pobreza monetaria en los últimos años, todavía existen amplios sectores de Barranquilla donde persisten la pobreza extrema, el desempleo, la informalidad y la desigualdad.
Los avances estadísticos no siempre coinciden con la realidad cotidiana que viven muchos barrios populares.
Otro tema que merece un debate transparente es el creciente endeudamiento del Distrito.
Las administraciones sostienen que la deuda ha servido para financiar grandes obras de infraestructura y acelerar el desarrollo urbano.
Sin embargo, economistas y sectores críticos han advertido sobre el peso de las obligaciones financieras y de las vigencias futuras que deberán asumir las próximas administraciones y, en última instancia, los ciudadanos mediante sus impuestos.
A ello se suma una percepción ciudadana de creciente corrupción. La existencia de investigaciones, denuncias y cuestionamientos públicos hace indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia, control fiscal y rendición de cuentas.
No basta con inaugurar obras; la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión cuánto costaron, quiénes las ejecutaron, cómo fueron adjudicados los contratos y cuál ha sido su verdadero impacto social.
Mientras tanto, los barranquilleros continúan pagando impuestos como el predial, Industria y Comercio, valorización, sobretasas y otros tributos.
La expectativa legítima de cualquier contribuyente es que esos recursos se reflejen en mejores servicios públicos, mayor seguridad, alumbrado eficiente, vías en buen estado y una administración transparente.
Cuando en muchos barrios aún existen problemas de iluminación, calles deterioradas, inseguridad y servicios deficientes, es comprensible que la ciudadanía pregunte: ¿en qué se están invirtiendo realmente nuestros impuestos?
La democracia exige alternancia, evaluación permanente y control ciudadano.
Ningún proyecto político, por exitoso que afirme ser, puede estar por encima del escrutinio público. Gobernar durante casi veinte años implica también asumir la responsabilidad de los problemas que aún persisten.
Barranquilla necesita menos propaganda y más rendición de cuentas; menos discursos triunfalistas y más respuestas sustentadas con cifras verificables; menos marketing político y más soluciones para los barrios donde todavía se siente el abandono.
Porque una ciudad verdaderamente desarrollada no se mide únicamente por sus grandes obras, sino por la seguridad de sus habitantes, la reducción efectiva de la pobreza, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la confianza que inspira en sus ciudadanos.
Ese debe ser el verdadero legado que exijan los barranquilleros a cualquier gobierno, sin importar su color político.
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