En repetidas ocasiones, sus víctimas han dicho que esta extradición dejará en la impunidad de los delitos que este hombre cometió en Colombia. Algunas de ellas, incluso, presentaron una tutela que finalmente fue negada por el Consejo de Estado.
En nuestro país ‘Otoniel’ es investigado por homicidio agravado, desaparición forzada, secuestro simple, secuestro agravado y terrorismo, entre otros delitos diferentes a aquellos por los que fue extraditado.
“No hemos aprendido las lecciones del pasado. A las víctimas y a la sociedad colombiana se le oculta la verdad real y procesal. Unos pocos se benefician de la verdad en los Estados Unidos, que solo es de tráfico de drogas, y de entrega de dineros y de rutas. Y acá, nos seguimos quedando con mentiras que hacen que todo sea peor", expresó un vocero de las víctimas en su momento.
Para evitar que estos procesos queden en la impunidad el fallo de la Corte dejó como condición de entrega dos cosas: que Otoniel pueda mantener comunicación directa con las autoridades para contar su versión del conflicto y respetar el derecho a las víctimas; y que, una vez cumpla su condena en ese país, sea deportado a Colombia para que pague por el resto de sus crímenes cometidos en el país.
Además de lo anterior el abogado penalista Marlon Díaz explica que los procesos judiciales que se siguen en Colombia en contra de ‘Otoniel’ deben seguir su curso bajo la figura de persona ausente.
¿Y sus contribuciones en el Sistema Integral de Paz?
Aunque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de ‘Otoniel’, en la que el excapo pedía que se le aceptará en su calidad de tercero civil responsable de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto, este hombre ha estado declarando ante esta Jurisdicción como testigo en los casos 04 sobre Urabá y 03 por falsos positivos.
Estas se han desarrollado en el marco de denuncias sobre las interferencias de la Policía en las audiencias, que llevaron a que la JEP abriera un incidente de desacato contra el director de la DIJIN, general Fernando Murillo.
‘Otoniel’ también ha estado declarando en la Comisión de la Verdad en el marco de una serie de conversaciones en el proceso que tiene la Comisión de esclarecer los patrones del conflicto armado.
Esta contribución también ha enfrentado dificultades pues el pasado 19 de febrero la Comisión denunció que personas sin identificar robaron las grabadoras digitales que esta entidad usó en una entrevista con ‘Otoniel’.
Ambas contribuciones, de acuerdo con el abogado Marlon Díaz, deben continuar de manera célere “y esperamos con toda la colaboración además de las autoridades de ambos países para efectos de que aprovechando la virtualidad y las nuevas tecnologías ese proceso de colaboración no se interrumpa”.
En ese caso las condiciones de la entrega de la Corte también benefician ambas contribuciones pues la Corte exige que Otoniel pueda mantener comunicación directa con las autoridades para contar su versión del conflicto y respetar el derecho a las víctimas. COLPRENSA