¿Puede el gobierno bloquear al Banco de la República?
- Acta Diurna
- 20 abr
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Lo que comenzó como una tensión por las tasas de interés se ha transformado en una batalla jurídica de proporciones constitucionales. El Consejo de Estado ha admitido una demanda que busca reformar las reglas de juego de la Junta Directiva del Banco de la República (Banrep), en un intento por evitar que el Ministerio de Hacienda pueda paralizar las decisiones del emisor mediante su inasistencia.
La crisis estalló el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la sesión de la Junta Directiva en señal de protesta. Según el jefe de la cartera, las decisiones del Banco —que ha subido las tasas de interés para frenar una inflación que alcanzó el 5,56% en marzo— están en "contravía de la política fiscal" del Gobierno.
La jugada del Ejecutivo no es solo simbólica. Según los estatutos actuales, la presencia del ministro de Hacienda es obligatoria para que la Junta pueda sesionar y tomar decisiones legales. Al retirarse indefinidamente, el Gobierno ha activado un mecanismo que expertos califican como un "veto de facto", impidiendo que el banco central cumpla con su mandato constitucional de controlar la inflación.
La batalla en el Consejo de Estado
El corazón de esta disputa jurídica es el Decreto 2520 de 1993, una norma con tres décadas de vigencia que establece los estatutos del Banco de la República.
El artículo 35 de este decreto determina que para que la Junta Directiva pueda deliberar y decidir, requiere la presencia de al menos cinco de sus miembros, pero con una condición innegociable, uno de ellos debe ser el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien además preside la sesión.
Ante este escenario de parálisis, el Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona esta norma. El argumento central de la demanda es que esta rigidez legal vulnera la autonomía técnica del Banco de la República, un pilar consagrado en la Constitución de 1991 para proteger la moneda de los vaivenes políticos.
El tribunal deberá decidir si el quórum de la Junta puede conformarse sin el ministro o si el Presidente de la República está obligado a nombrar un "ministro ad hoc" para garantizar el funcionamiento de la institución.
De esta manera, la mirada del país está puesta en dos frentes: que el Consejo de Estado dicte una medida cautelar antes del 30 de abril que le permita a la Junta del Banco sesionar sin el ministro y la posible intervención de la Procuraduría, que ya vigila si la inasistencia del ministro constituye una falta disciplinaria al abandonar sus funciones legales en el emisor.
Implicaciones para el mercado
La incertidumbre ya está pasando factura. Analistas advierten que este conflicto institucional está elevando las primas de riesgo de Colombia. Si el Banco de la República no puede sesionar antes del 30 de abril —fecha de su próxima reunión clave—, el país enviaría una señal de inestabilidad a los mercados internacionales que podría presionar al alza el precio del dólar y el costo de la deuda pública.
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