Los pendientes que deja la gestión del Congreso 2018-2022



En el contexto del cierre del período del presente Congreso (2018-2022), y en vísperas de la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, la Misión de Observación Electoral -MOE presentó un Informe de la Gestión Legislativa del Congreso 2018-2022.


Este Congreso tuvo novedades en cuanto al número de senadores y representantes a la Cámara que lo componen, pues en razón al Acuerdo Final de Paz y la reforma política aprobada en 2015, fueron adicionadas un total de 12 curules, pasando de 268 a 279 miembros.


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Conforme a lo anterior, el Congreso al iniciar el cuatrienio fue configurado con 279 miembros, sin embargo, finalizó con 272 parlamentarios, lo anterior debido a la aplicación de la figura de la silla vacía. En ese sentido, 7 congresistas perdieron la titularidad por aplicación de la sanción de silla vacía, de estas, 4 fueron por investigaciones y 3 por condenas de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución.


Respecto a los procesos por pérdida de investidura, se iniciaron un total de 11 procesos contra senadores y 6 contra representantes a la Cámara electos para el periodo 2018-2022. Como consecuencia de esto, 2 senadores y 2 representantes finalmente fueron sancionados con esta medida.


De otra parte, es importante recordar que la pandemia llevó a que el Congreso de la República funcionara casi la mitad de su periodo en virtualidad o semipresencialidad sin reglas claras sobre cómo debía ejercer sus funciones, pese a lo señalado por la Corte Constitucional. Lo anterior derivó en la incertidumbre sobre la forma como debían llevarse a cabo los trámites legislativos, lo que generó debates sobre la constitucionalidad de las normas aprobadas.


De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, “el Congreso asumió un papel pasivo en la respuesta a la pandemia, teniendo en cuenta tanto la producción normativa como el control político ejercido a los decretos proferidos por el Gobierno Nacional”.

Sobre el análisis de trámites legislativos en temas político-electorales, la MOE analizó los proyectos de Ley y Actos legislativos conforme a categorías temáticas medulares en el sistema político electoral:


1. Funcionamiento del Congreso: Se trataron temas como el ausentismo en las sesiones y la limitación en la reelección de los miembros del Congreso.

2. Sistema de partidos: Tratando asuntos como la conformación, funcionamiento, financiación y presentación de listas de las organizaciones políticas.

3. Reformas al proceso electoral: Se plantearon asuntos que buscaban hacer modificaciones al desarrollo del proceso electoral, particularmente en sus procedimientos.

4. Participación política de mujeres, étnica y de la juventud: Se trataron temas como el control, vigilancia y sanción de la violencia política contra las mujeres; la regulación del derecho fundamental a la consulta previa y la creación de una Circunscripción Especial de Jóvenes.

5. Acuerdo de Paz: Se plantearon reformas dirigidas a la regulación de las CITREP, participación ciudadana y medidas que desarrollaban el Acuerdo Final de Paz.

6. Función de control político: Se abordaban mecanismos para fortalecer la figura de la moción de censura.


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De los 166 proyectos de Acto Legislativo y de Ley presentados en temas político-electorales, sólo 8 fueron aprobados: 2 reformas constitucionales y 6 Leyes de la República, es decir, solo el 4,8% de los proyectos presentados, de los cuales destaca el Código Electoral, que no se convirtió en ley al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional. Pese a que los proyectos sobre temas político-electorales representan el 46,8% de los proyectos tramitados por la Comisión Primera, en la mayoría de casos, no fueron sometidos a discusión. En este caso, el 44% de todos los proyectos presentados en asuntos político-electorales (que corresponden a 73 proyectos), fueron archivados sin ser sometidos a debate en el legislativo.


La aprobación de un nuevo Código Electoral fue una de las discusiones fundamentales que tuvo el Congreso saliente. Este buscaba modernizar y actualizar el sistema electoral colombiano. No obstante la importancia que tenía este proyecto, particularmente para el desarrollo del ciclo electoral que se acercaba, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso de la República.


Acuerdo de paz


Un elemento que marcó de forma negativa la gestión del Congreso 2018 - 2022 fue la falta de materialización de las reformas fundamentales para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, deuda que venía desde el Congreso del cuatrienio 2014 - 2018, y siguió quedando pendiente en la legislatura que finaliza.


En concreto, no logró consolidarse una reforma político-electoral que cumpliera con el mandato fijado por el Acuerdo frente a temas como la reforma de la arquitectura institucional, del sistema electoral y el financiamiento de la política, pese a que fueron identificadas 4 propuestas, las cuales en su totalidad fueron archivadas.


“De igual manera este Congreso no logró regular el funcionamiento de las CITREP, dejando un vacío frente al espacio que tendrían los y las representantes en las comisiones permanentes del Congreso, afectando su participación y representación como víctimas del conflicto armado”, afirmó el coordinador de Justicia Electoral de la MOE, Camilo Mancera.


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Transparencia y lucha contra la corrupción


La agenda contra la corrupción que tuvo lugar en el Congreso durante el cuatrienio 2018-2022 se concentró en varios puntos, que se resumen en aquellos sometidos a votación en la Consulta Popular de 2018 y que fue concebido como un mandato ciudadano tras el llamado ‘Pacto Anticorrupción’ del 29 de agosto de 2018 entre el Gobierno y los partidos políticos:


1. Reducción de salarios para los congresistas y altos dignatarios del Estado.

2. Eliminación de tratos especiales a los condenados por delitos de corrupción.

3. Reforma al Estatuto General de la Contratación (universalización de pliegos tipo).

4. Fortalecimiento del control social sobre el presupuesto.

5. Avance en el acceso a la información sobre la gestión y la rendición de cuentas.

6. Desclasificación de la información patrimonial de los servidores públicos.

7. Limitación a los periodos constitucionales para ejercer diferentes cargos públicos.


En total, se radicaron 78 iniciativas, sin embargo, tan solo 9 de los proyectos de Ley y de Acto Legislativo en cuestión fueron aprobados (que corresponde al 11,5%), uno de los cuales fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. 43 proyectos, que corresponden al 55,1% de las iniciativas presentadas, fueron archivados sin ser sometidos a ningún debate.


Y al ahondar en el trámite que recibieron los proyectos de ley anticorrupción engavetados durante el cuatrienio legislativo 2018 - 2022, la MOE detectó una tendencia de archivo en etapas iniciales. Tan solo en primer debate se hundieron 34 de los proyectos de ley en estudio; 5 lograron pasar a segundo debate; 2 a tercer debate, y únicamente 5 alcanzaron el cuarto debate sin que pudieran ser al fin y al cabo aprobados.


Para la MOE, este Congreso dejó pendiente también la aprobación de temas de especial relevancia, que se convierten en la agenda prioritaria del Congreso entrante, como lo son: la reforma del diseño institucional electoral, medidas para atender la violencia contra la mujer en política y la reforma a las organizaciones políticas, incluyendo el funcionamiento de las coaliciones.


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Esta organización reiteró la importancia que desde el Legislativo se impulsen iniciativas para adoptar y/o fortalecer los mecanismos para la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y generar mayor transparencia en la gestión administrativa. En este sentido, se debe priorizar la regulación del cabildeo, revisar las modalidades de contratación y simplificar las normas sobre esta materia a fin establecer mayores controles sobre los recursos del Estado.


De igual manera, este Congreso tiene la responsabilidad de fortalecer el funcionamiento de los órganos de control del Estado, así como de reformar la Procuraduría para cumplir con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.