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Ley de sometimiento: la controversia



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó la hoja de ruta para el desmantelamiento de las bandas criminales que no tienen un estatus político y que no hacen parte de la ‘Paz Total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro.


El proyecto sería el complemento de la Ley de Orden Público, convirtiéndose en los dos pilares de la Paz Total para desestructurar los factores organizados en el país, ya que está dirigida solo para las bandas criminales que tienen una jerarquía, pero que no tienen un estatus político.



Ariel Ávila, senador y vocero del proyecto, explica en qué consiste la ley de sometimiento y las controversias sobre los múltiples beneficios contra estas bandas criminales organizadas a cambio de entrar voluntariamente a la justicia.


El experto señaló que mientras el proceso de paz con la guerrilla del ELN es una negociación política de agenda social, el sometimiento es una conversación socio-jurídica, donde hay una negociación de la pena en el aspecto jurídico, pero también una política de reincorporación y evitar la repetición en lo social.


“Entonces, no va a haber nuevas curules, no va a haber una negociación de la agenda ni planes de desarrollo nuevo, no tomarán estatus político”, asegura Ávila, resaltando las diferencia con el proceso que se llevó en su momentos con la guerrilla de las Farc.


La finalidad del proyecto es que grupos como el Clan del Golfo, las Autodefensas, Sierra Nevada, Pachencas, entre otros, entreguen información sobre su organización, aportar a la verdad, justicia y reparación a las víctimas y entregar bienes de la organización para su reparación.


Ávila asegura, sobre el funcionamiento, que no se crearán nuevos jueces o nuevos tribunales, puesto que “la Fiscalía y los jueces de poder judicial, denominada justicia ordinaria, son los que van a ayudar en el desmantelamiento de estas estructuras armadas ilegales y estructuras criminales de alto impacto para el tema de sometimiento a la justicia”.


El sometimiento tendrá ciertos beneficios para los miembros de estas organizaciones al margen de la ley, como una reducción en la pena impuesta. Es decir, que podrían pagar solo entre seis y ocho años de cárcel sin beneficio, además de cuatro años adicionales de libertad condicionada para realizar actividades de restauración a las víctimas y de reinserción a la sociedad.



Ávila enfatiza que no habrá impunidad, porque sí pagarán delitos en la cárcel, lo único distinto es una sustitución de la pena. “Es un modelo mucho más amplio que el que hubo en Justicia y Paz, que es la famosa ley que se utilizó para la desmovilización paramilitar”, resalta el experto


Ávila agrega que “el sometimiento a la justicia ya existe de forma individual hace muchos años y se llama principio de oportunidad, un corrupto, un criminal va y acepta los delitos que cometió, cómo lo hizo y recibe una reducción de la pena. Lo único que hace esa ley es que pasamos de esa sujeción a la justicia a uno colectivo”.


Sin duda, otra de las polémicas tiene que ver con la extinción de dominio. Según el documento, tras la entrega de bienes, dinero y demás durante el proceso, se podrán quedar en su poder con un 6 % para ellos y sus familias.


“Aquí no hay nada nuevo”, señala Ávila, quien explica que estas condiciones ya existen en la ley de extinción de dominio implantada desde 2014, donde “toda persona de una estructura criminal de alto impacto que entregue miles de millones de pesos se podría quedar hasta con un máximo del 6 % para que pueda vivir después de pagar la condena y el 94 % va para el Estado”.


Una de las inquietudes que más genera es creerles a estos grupos criminales lo que dicen y entreguen, tomando en cuenta procesos pasados en búsqueda de la paz, donde hubo un cumplimiento ni verdades completas. Ávila hace una comparación con el proceso de Justicia y Paz y lo que se diferencia de este nuevo proceso.


“Yo siempre cuento esta anécdota de que cuando fue Justicia y Paz con los grupos paramilitares, cuando un paraco iba y decía un chiste, tocaba creerle porque no había información en la Fiscalía o mecanismos de contrastación. Entonces aquí se estableció que unidades de la Fiscalía con jueces del poder judicial verifiquen lo que digan y entreguen los miembros de estas organizaciones criminales. Y si dicen mentiras pierden los beneficios”, asegura el senador.



Y agrega que se crearon varios filtros para evitar colados o falsedades en el proceso, el cual estará de la mano del Alto Comisionado, inteligencia policial, Inteligencia militar y la agencia nacional de inteligencia, para depurar si encuentran información que no es.


En lo que respecta al punto de la extradición, Ávila expresó que es una de las condiciones que no se tocaron en esta ley. “Cuando se hable de la extradición lo hablarán los ejecutivos, igual que la negociación con las antiguas FARC, que se trató con los presidentes de Colombia y Estados Unidos”.


Finalmente, expresaron desde el gobierno que dos años es la oferta que va a durar esta ley en actividad, para que las bandas criminales se sometan voluntariamente a la justicia para acceder a beneficios.


Sobre este tema, el director de la Fundación de Paz y Reconciliación Pares Colombia, León Valencia, ve con buenos ojos la propuesta que pondría en jaque a más de 50 grupos identificados.


“El proyecto para sometimiento de las bandas aclara el camino para un proceso complejo y ambicioso. En las cuentas de Pares son 149 grupos, 52 de ellos de alto impacto, en la disputa por mercados ilegales: drogas, minería del oro, contrabando, trata de personas”, expresa.



“Es inconstitucional dejar el 6% de lavado de activos”


El exfiscal Néstor Humberto Martínez criticó la ley frente a la extinción de dominio para los criminales, al asegurar que es inconstitucional e inaceptable.


“Es constitucional y moralmente inaceptable que se le lave hasta el 6 % del patrimonio ilícito de las bandas criminales. La constitución obliga a extinguir el dominio de todos los activos habidos ilícitamente, así sea en un mínimo porcentaje. Se podría lavar porque se quedarían licitas sumas multimillonarias de dineros y activos provenientes del secuestro, narcotráfico y minería ilegal”.


Cabe resaltar que, tras esta divulgación del proyecto, será presentado en las últimas horas al consejo de política criminal para su aprobación y, posteriormente, de 8 a 15 días máximo será radicado en el Congreso de la República. COLPRENSA

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