La MOE alerta sobre falta de transparencia en campañas a Congreso

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha emitido una contundente alerta sobre la falta de transparencia que rodea la financiación de las campañas al Congreso para las elecciones de 2026. A pesar de que la contienda electoral ya completó su primer mes de actividad formal, el organismo denunció que la consulta pública de ingresos y gastos en la plataforma "Cuentas Claras" del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanece cerrada. Esta opacidad impide el rastreo efectivo del origen y destino del capital político, dificultando la verificación del cumplimiento de los plazos y obligaciones legales por parte de los candidatos. La preocupación de la MOE radica en que este vacío informativo vulnera el control social y priva al electorado de datos cruciales para ejercer un voto informado, poniendo en riesgo la equidad y la integridad del sistema democrático.

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La problemática se extiende a los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, quienes recolectaron firmas para avalar listas al Congreso. Según el informe del organismo, no existe a la fecha ningún mecanismo de publicidad habilitado para conocer los informes financieros de estos grupos, lo que genera un punto ciego en la fiscalización de los recursos invertidos durante las etapas iniciales del proceso electoral. Ante la ausencia de datos oficiales, la MOE recurrió a herramientas de monitoreo digital, logrando identificar que la inversión publicitaria ya es considerable. Entre el 7 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, al menos 78 cuentas vinculadas a aspirantes al Legislativo destinaron más de 300 millones de pesos en anuncios dentro de las plataformas de Meta, específicamente Facebook e Instagram.

Sin embargo, el organismo advirtió que estas cifras representan apenas una fracción del gasto real, ya que el reporte se limita exclusivamente a una red publicitaria y deja por fuera el flujo de dinero en otras plataformas de alto impacto como X, TikTok y YouTube. Para la MOE, este registro de más de 2.000 anuncios individuales es solo el punto de partida para un análisis técnico profundo que determine, caso por caso, si estas piezas cumplen con la normativa de propaganda electoral vigente. Mientras el CNE no habilite el acceso a los reportes oficiales, la incertidumbre sobre el "dinero sucio" o el exceso de topes seguirá planeando sobre una contienda que, aunque ya está en plena marcha en las calles y redes sociales, permanece en la sombra ante los ojos de la ciudadanía y las autoridades de control.

Implicaciones legales para los candidatos

El incumplimiento en el reporte de ingresos y gastos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) conlleva severas implicaciones legales que pueden truncar las aspiraciones de los candidatos incluso antes de la jornada de votación. En primer lugar, la normativa colombiana estipula que la omisión o el reporte extemporáneo en la plataforma Cuentas Claras faculta al CNE para abrir investigaciones administrativas que derivan en multas pecuniarias proporcionales a la falta. No obstante, el riesgo más crítico para una campaña es la pérdida de la personería jurídica de la lista o la revocatoria de la inscripción del candidato. Si se demuestra que la opacidad financiera buscaba ocultar la superación de los topes de gastos establecidos por la ley, los elegidos podrían enfrentarse a la pérdida de su investidura, un proceso judicial que los inhabilitaría permanentemente para ejercer cargos públicos.

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Más allá de las sanciones administrativas, la Ley 1864 de 2017 tipifica como delito penal la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y la violación de los límites de gastos. En este escenario, tanto el candidato como su gerente de campaña podrían ser vinculados a procesos ante la Fiscalía General de la Nación, con penas de prisión que oscilan entre los 4 y 8 años. La falta de transparencia denunciada por la MOE no solo afecta la ética de la contienda, sino que expone a los aspirantes al Congreso a la "muerte política" si se comprueba que el origen de sus recursos proviene de sectores no autorizados o si el flujo de caja en redes sociales, como el detectado en Facebook e Instagram, no guarda estricta simetría con los informes oficiales que eventualmente presenten ante la autoridad electoral.