JEP abre macrocaso 08, sobre vínculos de Fuerza Pública con paramilitares



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este martes la apertura del macrocaso 08, que investigará los graves crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles.


Este nuevo macrocaso que se suma al número 10, que investiga graves crímenes no amnistiables cometidos por las Farc, y que fue abierto el pasado 15 de julio, recibió el nombre de ‘Crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano’, y tiene como objetivo investigar los hechos más graves que no están incluidos dentro de los casos abiertos desde 2019.


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Esto quiere decir, según la JEP, todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05).


Los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal. Estas conductas están mencionadas en 184 informes analizados, de los 974 recibidos por la JEP.


Más de 15.000 víctimas


A partir del análisis de los informes presentados a la JEP, las cifras preliminares de la investigación indican que hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.


En este sentido la JEP determinó que los principales crímenes atribuidos de manera directa a la Fuerza Pública fueron: homicidios con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136. El 51% de los hechos se concentró entre 2000 y 2009.


La investigación se concentrará preliminarmente en el Gran Magdalena (Cesar-Guajira-Magdalena), los Montes de María; Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán y Florencia; Antioquia y el Magdalena Medio.


“Se trata de zonas que fueron de amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Allí confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio. Esto habría motivado y servido de narrativa para justificar la estigmatización de sectores sociales, políticos y comunidades completas como auxiliadoras o integrantes de las guerrillas en razón a su rol social o por el hecho de habitar en esos territorios”, dice la JEP.


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Patrones macrocriminales


Las líneas de investigación de este nuevo macrocaso se dividen en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes. Es decir, crímenes motivados por justificaciones contrainsurgentes, para favorecer intereses económicos particulares o por el control de la función pública.


Por último y frente a los actores la JEP dijo que, del total de presuntos responsables mencionados en los informes, ya 2.840 se han sometido a la JEP: 2.812 integrantes de la fuerza pública, 5 agentes de Estado diferentes a fuerza pública y 23 terceros civiles y que para esclarecer los hechos este caso avanzará de “abajo hacia arriba” en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales hasta llegar a los máximos responsables. COLPRENSA