La Iglesia católica y las organizaciones sociales, con presencia en regiones como Chocó, constataron por medio de un comunicado las afectaciones que el paro armado impuesto por el Clan del Golfo ocasionó en la población civil.
“Condenamos enérgicamente la situación de confinamiento a la que han sido sometidos los habitantes de los treinta municipios del departamento del Chocó y once de Urabá”, señalaron en una misiva en la que también afirman que esta situación es similar en las comunidades de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena y Santander.
Para hacer frente a la situación, las organizaciones afirmaron que es necesario “abordar de nuevo la opción de la solución negociada al conflicto armado”, asimismo invitaron al pueblo colombiano a aceptar el llamado del Papa Francisco, “para que promovamos el diálogo y la amistad social”.
“Esperamos que tanto la Institucionalidad como los actores armados ilegales, escuchen el clamor del pueblo colombiano y den signos de construcción de paz a través del diálogo y procesos de sometimiento a la justicia”, dice el comunicado.
Además, resaltaron que el Gobierno Nacional debe garantizar la seguridad y la paz de forma permanente para los ciudadanos de los departamentos de todo el territorio nacional, “mediante la protección a la ciudadanía y la neutralización de las acciones de la ilegalidad”.
Según un balance del Ministerio de Defensa, las acciones del grupo armado realizadas entre el 5 y el 9 de mayo, dejó diez asesinatos, de los cuales cinco fueron uniformados y tres fueron civiles.
La información oficial, también da cuenta de al menos 187 vehículos afectados y 177 capturados como sospechosos. COLPRENSA