El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, reveló este viernes que el hacinamiento carcelario en el país bajó 19,9 % en el último año, gracias al trabajo articulado que ha venido realizando la entidad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
El funcionario explicó desde Quibdó (Chocó), que al inicio del año el Inpec registraba una hacinamiento de más del 55 %, con un total de 124.188 privados de la libertad para 80.156 cupos, con una sobrepoblación de 44.032 internos en los 132 establecimientos penitenciarios del país.
“Me complace entregarles una muy buena noticia: atendiendo a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional, hemos logrado bajar el hacinamiento carcelario en Colombia al 19,9 %”, indicó el jefe de la cartera.
Por su parte, el brigadier general Noberto Mujica Jaime, director del Inpec, manifesó que “tenemos claro que con establecimientos que registren un menor porcentaje de hacinamiento vamos a poder mejorar el proceso de resocialización. Debemos seguir por este camino”.
Gracias a la expedición del Decreto 546 por parte del Gobierno Nacional, a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a la pandemia por COVID-19 y la aplicación de medidas ordinarias que contempla la ley -como el cumplimiento de las tres quintas parte de la condena- un gran porcentaje de privados de la libertad se vieron beneficiados con las medidas otorgadas por los jueces de ejecución de penas (prisión domiciliaria o libertad).
“Desde que llegué al Ministerio de Justicia me comprometí a impulsar y sacar adelante los múltiples proyectos de la cartera, entre ellos la política penitenciaria y carcelaria, en procura de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, dignificando su condición humana y superando el hacinamiento”, indicó Ruiz Orejuela.
Hoy el hacinamiento en Quibdó asciende al 65,7 %, y en el Chocó al 53,4 %. “Pero ese no es el único tema que nos preocupa. Queremos verificar también las condiciones de los establecimientos de reclusión en cuanto a salud, alimentación y situación jurídica”, explicó el jefe de la cartera de Justicia.
El ministro hizo un llamado a los entes territoriales para que impulsen y apoyen los proyectos que buscan mejorar las condiciones en los centros de detención transitoria, como las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI).
“Por ley los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, pero les invito a trabajar de manera coordinada para buscar soluciones conjuntas y entregar respuestas claras”, anotó.
Ruiz Orejuela señaló que la cartera que preside seguirá trabajando para apoyar y articular programas que permitan el fortalecimiento institucional y hagan efectivos los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos para consolidar una verdadera y pacífica convivencia social.