Según el último informe de seguimiento a las iniciativas anticorrupción de Transparencia por Colombia la corrupción en Colombia sigue estando presente en los desafíos más importantes que enfrenta el país: desde la movilización ciudadana hasta la atención a la emergencia sanitaria y la recuperación económica.
El informe identificó y analizó 102 acciones del gobierno nacional realizadas durante este periodo. Dentro de ellas, se destacan avances importantes en medidas de carácter técnico, como la aprobación de nuevas leyes asociadas a temas de la Consulta Popular Anticorrupción del 2018*; la puesta en marcha de sistemas de divulgación de información para visibilizar los conflictos de interés de funcionarios públicos, así como para visibilizar la contratación pública realizada para atender la emergencia sanitaria*; y el avance en iniciativas como la Red Institucional Anticorrupción (RITA) orientada a coordinar la denuncia sobre posibles hechos de corrupción en distintas entidades públicas del país.
A pesar de estos avances asociados a la creación de nuevas normas e iniciativas institucionales, el informe alerta respecto al bajo nivel de avance en aspectos de carácter más estructural, en particular la ausencia de iniciativas de reforma política y de financiamiento de partidos y campañas electorales; y sobre las graves afectaciones al derecho a la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, que son condiciones fundamentales para ejercer control al ejercicio del poder en el país.
El informe llama la atención sobre el contexto del periodo analizado, marcado por la movilización ciudadana y la atención a la emergencia sanitaria, pues la corrupción ha sido un tema transversal: por un lado, la falta de avances luego de la Consulta Anticorrupción fue uno de los temas que motivó la movilización ciudadana del Paro Nacional de noviembre de 2019 y dio paso a la Conversación Nacional; y por otro, la atención a la pandemia demostró una vez más los graves riesgos de corrupción que sigue enfrentando el país en materia de contratación pública y, junto a otros factores, contribuyó a generar un escenario de alta concentración del poder en el ejecutivo
Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “el 2020 ha sido un año de enormes desafíos, agravados en muchos casos por hechos de corrupción. En este escenario, las medidas técnicas son importantes porque contribuyen mejorar las herramientas para enfrentar la corrupción, aunque no son suficientes”. “Resulta necesario abordar de manera más decidida reformas de fondo, varias de las cuales se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, y seguir fortaleciendo las capacidades del Ejecutivo para prevenir y actuar contra la corrupción, en pleno respeto de la independencia y separación de poderes”, agregó Hernández.
El informe indica que solo el 34% de las acciones analizadas corresponden a iniciativas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. También alerta sobre la necesidad de lograr mayor articulación entre instancias del Poder Ejecutivo, pues las 102 acciones analizadas involucraron un alto número de dependencias*, pero no estuvieron acompañadas de mejoras sustanciales en los mecanismos de coordinación.
El informe analizó las acciones realizadas en materia de iniciativas anticorrupción del Gobierno Nacional entre agosto de 2019 y agosto de 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, así como algunas iniciativas complementarias realizadas en meses recientes.
Transparencia por Colombia indicó que resulta necesaria la divulgación de un nuevo Estatuto de Contratación Pública y la eliminación de restricciones al acceso a la información pública.
Las tareas pendientes del gobierno
Para dar cumplimiento a las metas y objetivos trazados por el Gobierno Nacional en la materia, así como responder a desafíos de contexto generados por la constante presencia de la corrupción en el país, el informe indica que resulta prioritario avanzar en aspectos como:
Retomar y revisar las disposiciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y culminar la elaboración de la Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad hacía un Estado Abierto.
Retomar la iniciativa respecto a una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; y avanzar en la implementación de la Política Criminal Electoral.
Presentar a la discusión pública el proyecto de nuevo Estatuto de la Contratación Pública anunciado en el marco de la Conversación Nacional, y reducir los regímenes especiales de contratación.
Continuidad el fortalecimiento de la Agencia Nacional Contratación Colombia Compra Eficiente, y acelerar la consolidación de SECOP II.
Continuar con el fortalecimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y fortalecer el control sobre los conflictos de interés en el empleo público.
Iniciar una apuesta transversal de transparencia presupuestaria estatal, a partir de la publicación de la información clara y completa sobre los recursos para la atención de la Emergencia COVID-19.
Eliminar las restricciones impuestas por el Decreto 491 de 2020 al derecho de acceso a la información pública, con el fin de garantizar los tiempos de respuesta a solicitudes de información establecidos en la Ley 1712 de 2014.