A dos días de que empiece la audiencia de imputación de cargos de Mario Montoya Uribe, general retirado del Ejército al que se le relacionan presuntos casos de “falsos positivos”, su defensa solicitó que sea únicamente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que lleve su proceso.
El pasado 12 de agosto, la Fiscalía había solicitado el inicio de la audiencia, la cual fue confirmada para este miércoles ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sin embargo, el abogado Andrés Garzón Roa, representante legal de Montoya, quiere que se plantee un conflicto de competencias y su cliente vaya solo a una instancia.
La petición, suscrita a 48 horas de que el militar retirado se presente a su cita con la justicia ordinaria, la hizo la defensa a la misma JEP. Para esta, y conforme la ley, es la JEP la que “prevalece sobre las actuaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, se lee en una carta.
Por ende, para la defensa de Montoya, la justicia ordinaria no tiene competencia alguna para resolver en dos días la situación jurídica del sindicado.
¿De qué hablará la Fiscalía, de no ser acogida la petición en las próximas horas? Según el fiscal general, Francisco Barbosa, lo van a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, sucedidos a comienzos de siglo.
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La frase que estableció Montoya en 2006 en un directiva fue “las bajas no son lo más importante, son lo único”. Mientras fue el comandante del Ejército, las muertes que constató la Fiscalía fueron reportadas por varias unidades de esa fuerza.
En efecto, las divisiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima (esta última en Antioquia), presentaron a los muertos en combate que finalmente no eran guerrilleros, según un documento del ente investigador que conoció El Colombiano.
El pedido a la JEP
En caso de que los magistrados de la JEP acepten la petición de la defensa de Montoya, será finalmente la Corte Constitucional la que decida con la última palabra si el militar retirado se presenta o no al Tribunal de Bogotá para ser imputado por la Fiscalía.
Para impedir que este último escenario pase, el abogado Garzón, en su carta, citó varios conceptos jurídicos que han dado la Corte Suprema de Justicia como el Auto AP5069 de 2017. En él, este alto tribunal habla de que la Fiscalía tiene imposibilidad de adelantar procesos cuando el señalado está respondiendo ante la JEP por hechos relacionados al conflicto armado.
Otro de los autos que relacionó la defensa fue uno emitido por la Corte Constitucional. Este indica que la JEP “administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016”.
Con este sustento, Montoya y su apoderado buscan que el único camino para el militar en retiro sea la JEP, en la cual hace más de un año, en febrero de 2020, rindió testimonio ante en el marco del proceso número tres, denominado muertes ilegítimamente registradas en el conflicto armado o más conocidos como “falsos positivos”.
Hace unos días, el abogado Garzón ya había dicho que “no hay posibilidad que haya una imputación en la justicia ordinaria y la Fiscalía pueda solicitar una imputación contra Mario Montoya. Una de las razones es que nadie en Colombia puede ser juzgado en dos jurisdicciones”, aseguró en su momento el defensor. COLPRENSA
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