¿Es posible frenar a Trump? Su deriva autoritaria irá a peor

Por Laura Laplana Rubio

Estados Unidos es “como alguien que se siente perdido, confundido o golpeado, o inseguro sobre qué hacer. [Alguien] que mira a su alrededor y dice: ‘Esto no está bien, este no es el camino’”. Maury Giles, director ejecutivo de Braver Angels, una organización que trabaja para reducir la polarización partidista, evidenciaba a principios de noviembre en el medio Politico algo difícil de digerir: en el segundo mandato de Donald Trump se ha ido normalizando un retroceso democrático que hace años habría sido impensable.

El Partido Demócrata, atrapado entre sus divisiones internas y la falta de liderazgo, no ha logrado articular una respuesta frente a la deriva autoritaria de Trump. Sus esfuerzos se perciben simbólicos más que como una estrategia efectiva, mientras la frustración crece entre sus votantes. Los estados y ciudades, junto con sindicatos y organizaciones, han dado un paso adelante y contraatacan desde los tribunales, pero los procesos son largos y la influencia de Trump llega hasta el Departamento de Justicia y la Corte Suprema.

El panorama es ambiguo: a las señales de resistencia se superponen otras de resignación o contraataques de la Administración, todo en un clima de incertidumbre que Trump usa para obligar a aliados y enemigos a reaccionar a su propio ritmo. Buena parte del país ve necesario poner límites, pero las respuestas son incipientes y desiguales. Si los demócratas logran reconstruir un mensaje unificado y reconectar con su base de cara a las elecciones de medio mandato de 2026, podrían articular un contrapeso más sólido desde las instituciones y las calles. Si no lo consiguen, Trump hará de las midterms un punto de difícil retorno.

Trump domina el Congreso e influye en la Justicia

Trump pretende desdibujar la separación de poderes y los límites entre los estados y el Gobierno federal. Con una mayoría de 53 escaños en el Senado y 221 en la Cámara de Representantes, los republicanos han arrinconado a los demócratas en este segundo mandato. La mayoría de votaciones en el Congreso se aprueban por mayoría simple, lo que deja poco margen de maniobra a los demócratas. Como minoría pueden obstaculizar proyectos de ley con discursos maratonianos, como hizo su líder en la Cámara, Hakeem Jeffries, antes de la aprobación de la ley fiscal “grande y hermosa”. También con audiencias en el Senado, como la que puso contra las cuerdas al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., por su gestión del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y su propuesta de limitar el acceso a las vacunas.

En determinadas circunstancias, el Senado requiere una mayoría de sesenta votos, sólo alcanzable con el apoyo de ambos partidos. En este escenario, los demócratas pueden bloquear la votación para contrarrestar la agenda de Trump. Es la herramienta de oposición más directa que tiene la minoría, pero también ha evidenciado su fragilidad. Quedó claro en marzo, cuando los republicanos necesitaban siete votos demócratas para aprobar un proyecto de ley que ampliara la financiación de las agencias federales hasta el 30 de septiembre. Aunque el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había criticado el proyecto de ley, terminó apoyándolo para evitar un cierre del Gobierno. La decisión acentuó las divisiones internas y la frustración de una base que, cansada de esfuerzos retóricos, reclamaba una estrategia más combativa.

Sin embargo, esa estrategia tampoco se consolidó ante el cierre del Gobierno entre octubre y noviembre, el más largo de la historia. En septiembre, los congresistas se habían reunido para aprobar la financiación del nuevo año fiscal. Esta vez los demócratas retuvieron el voto a cambio de la prórroga de los subsidios sanitarios de la pandemia y la reversión de los recortes al programa Medicaid. El Congreso no llegó a un acuerdo sobre los presupuestos para las agencias, lo que implica que el Gobierno debe detener parte de sus funciones que no considera esenciales. Para los empleados federales significa no cobrar mientras tanto.

Los cierres de Gobierno son armas de presión recurrentes, y el Partido Demócrata lo presentaba como una oportunidad de contraatacar. Sin embargo, la actitud de los republicanos, el desinterés de Trump por resolver, el creciente impacto sobre más de tres millones de empleados federales y la pausa de asistencia a casi 42 millones de beneficiarios de programas de alimentos quebraron a los demócratas moderados. Después de 43 días, con el apoyo de siete senadores demócratas y un independiente, el Congreso aprobó un pacto para financiar el Gobierno hasta final de año que dejaba fuera la extensión de los subsidios sanitarios.

La ofensiva de la Administración Trump también se extiende al frente judicial. Tras el caso Watergate, los presidentes de ambos partidos mantuvieron las distancias con el Departamento de Justicia para evitar que las fuerzas del orden se politizaran. Trump ha roto esa tradición. Bajo el liderazgo de la fiscal general Pam Bondi, el Departamento de Justicia se ha convertido en otra ala de la Casa Blanca. El departamento ha despedido a fiscales que trabajaban en casos relacionados con el asalto al Capitolio o que investigaban a Trump, ha expulsado a altos funcionarios del FBI y ha archivado casos contra aliados políticos del presidente. Bondi, aliada fiel de Trump, está dispuesta a aprovechar la ley para llevar a cabo su agenda.

Trump lleva proyectando su sombra sobre el sistema judicial desde su primer mandato. Designó a 54 jueces federales de apelaciones en cuatro años (uno menos que Barack Obama en el doble de tiempo), que tienen la última palabra en la mayoría de recursos legales en Estados Unidos. La influencia de Trump ha llegado a la Corte Suprema, que después de tres nombramientos entre 2017 y 2020 pasó a ser de mayoría conservadora (6-3). Algunos analistas lo califican como el tribunal más conservador desde los años treinta.

La crisis del Partido Demócrata

Como minoría en ambas cámaras, el Partido Demócrata tiene las manos atadas y esto socava aún más la percepción de que es un partido ineficaz. Su base de votantes está decepcionada y desesperada por que hagan algo. Una encuesta del Wall Street Journal publicada en julio mostraba que un 63% de los votantes demócratas tenía una opinión desfavorable del partido, la peor puntuación en 35 años. Esa desaprobación era incluso mayor que la desaprobación general sobre la gestión de Trump al frente del Gobierno, un 52%.

Votantes y miembros han tachado al Partido Demócrata de elitista y de centrarse demasiado en ser políticamente correcto. La percepción de que los demócratas están más preocupados por su marca interna que por los problemas de sus votantes se hizo más evidente durante los dos últimos años de la Administración Biden y en la campaña para las presidenciales de 2024. En ese periodo fallaron frente al aumento de los costes de vida tras la pandemia y con la gestión de la guerra en la Franja de Gaza y de la frontera sur. La campaña de Kamala Harris no ayudó a salvar la imagen de un partido más cercano a las élites que a la base popular. Celebraba el respaldo de celebridades y multimillonarios sin consolidar el apoyo de los sindicatos, y su discurso se centró más en advertir sobre Trump que en ofrecer una visión propia con políticas claras sobre economía, empleo o migración, principales preocupaciones del electorado.

A diferencia del Partido Republicano, el Demócrata carece de un líder carismático capaz de reunir masas como Trump lo volvió a hacer en 2024 con su horda MAGA. Los demócratas no cuentan con una figura capaz de reconectar con la clase trabajadora y con votantes desencantados, tal como lo hizo Barack Obama en 2008. Por tanto, esta crisis no se debe únicamente a la figura de Trump, ni a Biden o Harris, sino a un desgaste interno que viene de años atrás. El contexto general tampoco ayuda: Estados Unidos vive una polarización extrema y un clima de desconfianza política e institucional. Dos tercios de los ciudadanos creen que el Gobierno miente y casi la mitad piensa que el país ya ha dejado atrás sus mejores años.

Normalmente, el partido que provoca un cierre del Gobierno suele enfrentarse a una fuerte crítica popular. Sin embargo, un mayor porcentaje de estadounidenses considera que Trump y los republicanos fueron los principales responsables del cierre más largo de la historia del país. Las victorias demócratas en las elecciones de noviembre también inyectaron una dosis de optimismo en el partido. Aun así, las críticas internas no han cesado: para muchos miembros y votantes, especialmente los más progresistas, el partido sirve una de cal y una de arena. El acuerdo que puso fin al cierre de Gobierno fue duramente cuestionado, visto como una traición y calificado por algunos como un pacto patético y una promesa vacía.

Estados, ciudades y tribunales inferiores resisten

El dominio del Congreso y la influencia judicial han hecho que el contrapeso principal a Trump recaiga en los Gobiernos estatales y locales, y que se desarrolle en los tribunales inferiores. Desde los primeros meses del gobierno, ha habido una avalancha de demandas a nivel nacional contra diversas acciones que han resultado en cientos de órdenes judiciales. Estas órdenes establecen que alguna política implementada por el Ejecutivo o la Casa Blanca no es válida y debe suspenderse por completo o hasta una revisión judicial posterior. Han sido emitidas por jueces nombrados tanto por presidentes demócratas como republicanos, incluyendo Trump. Hasta ahora, 133 han sido favorables a la Administración frente a 481 desfavorables.

Estas batallas legales han sido especialmente numerosas en materia de recortes de financiación federal y en inmigración. La Administración ha aplicado una feroz estrategia de deportación masiva en todo el país, reforzada en grandes ciudades demócratas con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Guardia Nacional. En respuesta, gobernadores y alcaldes de territorios “santuarios” han limitado la cooperación con agentes federales de inmigración. Junto con organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos, los estados y ciudades han contraatacado con numerosas demandas. En septiembre, un juez federal en California dictaminó ilegal el despliegue de marines y de las tropas de la Guardia Nacional en el estado; Chicago bloqueó un despliegue de la Guardia Nacional mientras esperaba la decisión de la Corte Suprema, y tres tribunales han detenido el intento de negar la ciudadanía por nacimiento.

La Administración ha recurrido gran parte de estas resoluciones, y la Corte Suprema se ha mostrado deferente con el Ejecutivo en algunos casos, como cuando permitió mantener la prohibición de que personas trans sirvan en las fuerzas armadas mientras se resuelven las impugnaciones. Sin embargo, los Gobiernos estatales y locales, organizaciones y equipos legales seguirán recurriendo las acciones de la Administración. Sus victorias judiciales, además, podrían sentar precedentes relevantes para futuros casos.

La ciudadanía descontenta también echa el pulso

La deriva autoritaria de Trump también ha mostrado un aumento de instituciones, bufetes de abogados y ciudadanos que plantan cara a la Administración, al menos de manera más visible. Se vio en octubre con los periodistas estadounidenses e internacionales que abandonaron la sala de prensa del Pentágono en lugar de firmar juramentos de lealtad. También con las siete universidades que rechazaron el “pacto de financiación” de la Casa Blanca: financiación preferencial a cambio de admitir menos estudiantes internacionales, modificar las definiciones de género o no considerar la raza y el género en la admisión.

Muchas celebridades se han sumado. Más de 475 actores, comediantes, directores, músicos y escritores se sumaron a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) para publicar una carta advirtiendo de las amenazas a la libertad de expresión tras la suspensión del presentador Jimmy Kimmel de la ABC en septiembre. El boicot de muchas celebridades a Disney, empresa que alberga la cadena, ayudó a la reincorporación del programa. ACLU se ha posicionado como guía de la resistencia con más de 180 demandas contra la Administración sólo este año (en el primer mandato de Trump presentó cuatrocientas) y un manual con herramientas para que estados y ciudades protejan a sus ciudadanos.

Asimismo, el movimiento obrero ha sido una línea de defensa firme ante los recortes en salarios mínimos y medidas de seguridad laboral. La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno afilió a unos 8.000 trabajadores el mismo enero de la toma de posesión de Trump, superando con creces su media mensual. Junto con otros sindicatos de trabajadores del Tesoro, profesorado e ingenieros lograron que un juez federal prohibiera al Ejecutivo despedir a empleados federales alegando el cierre del Gobierno.

Con todo, el núcleo de resistencia más visible está en las ciudades santuario. Ante las amenazas a los inmigrantes, grupos de vecinos vigilan puntos donde los agentes del ICE suelen realizar sus redadas o alertan de su presencia de manera anónima a través de aplicaciones creadas por ciudadanos, si no están bloqueadas a petición de la Administración. Pero las protestas se han extendido incluso en territorios rurales que votaron a Trump en 2024. El número de protestas en zonas afines a Trump en junio de 2025 fue comparable al de junio de 2020, durante el auge de Black Lives Matter. La protesta más grande ha sido la segunda No Kings (‘sin reyes’) del 18 de octubre, con unas siete millones de personas, según la propia organización, repartidas en pequeñas localidades, condados republicanos y grandes ciudades demócratas.

Después de los altercados en Los Ángeles durante las protestas de junio tras las primeras redadas masivas del ICE, en las manifestaciones se ha recomendado ignorar a agitadores de la derecha y no interactuar con agentes federales. En términos generales, estas pautas han servido para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, la retórica del Gobierno, incluida la insistencia en designar colectivos como Antifa como “organizaciones terroristas”, busca alimentar un clima de inseguridad, polarizado, y justificar una mayor vigilancia de las calles. Existe el temor a que esto radicalice a votantes y grupos de extrema derecha.

Objetivo: las elecciones de medio mandato

La mayoría de votantes estadounidenses están insatisfechos con la gestión de la Administración en economía, inflación y aranceles, y consideran que Trump ha ido demasiado lejos en el esfuerzo por expandir su poder. Aunque estas opiniones están divididas según las líneas partidistas, el presidente y el Partido Republicano no están a salvo de críticas internas. El índice de aprobación de Trump ha caído al 44%. Esto representa una oportunidad para que los demócratas recuperen el terreno perdido y se reinventen como el partido del progreso económico y del cambio político que su base reclama con urgencia.

Ambos partidos tienen en el punto de mira las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026. En ellas se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El cambio de color de la Cámara daría a los demócratas la oportunidad de poner frenos a la agenda de Trump. Con tanto el juego, el presidente y el Partido Republicano han empezado a rediseñar los mapas electorales que determinan el número de escaños, el conocido gerrymandering. Texas redibujará los mapas para quitarles cinco escaños a sus rivales, con el beneplácito de la Casa Blanca. Misuri (uno adicional), Carolina del Norte (otro) y Ohio (dos más) se han sumado. Como respuesta, California lo hará para los demócratas, lo que les aseguraría cinco escaños, una forma de “combatir el fuego con fuego”, como apuntó el gobernador Gavin Newsom.

Las recientes victorias demócratas en las elecciones de la ciudad de Nueva York y los estados de Nueva Jersey y Virginia pusieron sobre la mesa las diferentes tendencias dentro del partido y la prioridad del electorado. El trío representa los dos extremos del espectro demócrata: el socialista democrático con Zohran Mamdani y el moderado tradicional con Abigail Spanberger y Mikie Sherill. Si bien un aliado de Mamdani advertía en la BBC que los demócratas deben reconocer que cada zona del país funciona de manera diferente, el denominador común de sus campañas fue la economía y los costes de vida.

Este enfoque compartido en torno a la economía y costes será clave para reconstruir la unidad del Partido Demócrata y recuperar la confianza del electorado. A ello se suma la sanidad. Por ejemplo, podrían defender las políticas de sanidad y la protección de los subsidios y Medicaid como hicieron en 2018, cuando conquistaron la Cámara con la promesa de proteger el Obamacare. En cuanto al líder, la figura más prominente sería Gavin Newsom. Newsom acaba su mandato como gobernador de California en un año y, aunque moderado, aprovecha cualquier oportunidad para plantarle cara a Trump: las redadas de ICE en Los Ángeles, la represión de la Guardia Nacional… Con la aprobación de la redistribución electoral en California, asegura más escaños demócratas en la Cámara mientras refuerza un perfil nacional cómo líder.

La reciente inyección de moral de los demócratas impulsará las protestas ciudadanas, las intervenciones de Gobiernos locales y estatales y las decisiones de jueces que bloquean acciones de la Administración Trump. La continuidad y apoyo de estas muestras de resistencia serán clave para lograr transformarse en votos en 2026 y poder ofrecer un contrapeso más firme. Sin embargo, mientras este contrapeso se articula, continuará la erosión democrática a la que el propio presidente está sometiendo a Estados Unidos. EOM