El silencio de las fachadas: la democracia bajo el yugo del terror

Por: Dany Oviedo Marino

La democracia, en su expresión más pura y cotidiana, no reside en los grandes palacios gubernamentales ni en los discursos engolados de las plazas públicas; reside en la libertad de un ciudadano para manifestar su simpatía política desde la ventana de su propia casa. Sin embargo, en Barranquilla, esa libertad ha sido sustituida por un miedo cerval que hiela la sangre. Lo que está ocurriendo en barrios como La Pradera, Los Olivos, La Manga, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda y 7 de Abril no es solo una racha de inseguridad; es una herida de muerte al tejido democrático de nuestra ciudad.

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La difusión de un mensaje de audio que sentencia a muerte a quienes exhiban propaganda electoral en sus casas ha transformado el paisaje urbano en cuestión de horas. El sábado pasado, las calles de estos sectores populares no fueron escenario de debate, sino de una claudicación forzada. Ver a ciudadanos borrando carteles y retirando vallas de sus propias fachadas es la imagen más cruda de la derrota del Estado frente a la criminalidad. No se trata de una simple contienda entre partidos; es la imposición de un orden paraestatal donde una organización anónima se arroga el derecho de decidir quién tiene voz y quién debe callar.

El peligro para la democracia en Barranquilla es multidimensional y profundo. En primer lugar, este tipo de coacción anula el pluralismo político. Si solo se permite la publicidad de aquellos que cuentan con el "beneplácito" o la protección de las estructuras criminales, el resultado electoral estará viciado antes de que se deposite el primer voto. Estamos asistiendo a una preselección violenta de candidatos, donde el terror actúa como el gran elector, filtrando quién puede hacer presencia en el territorio y quién queda proscrito por la fuerza de las balas.

En segundo lugar, la amenaza escala a un nivel de perversión inaudito al involucrar a los menores de edad y establecer multas extorsivas. Al declarar "objetivo militar" a núcleos familiares completos y exigir pagos de dos millones de pesos, la delincuencia no solo busca silenciar una postura política, sino desestabilizar la economía y la seguridad psíquica de los hogares más vulnerables. El hogar, que debería ser el último refugio de la libertad individual, se convierte en una trampa de vulnerabilidad absoluta.

Pero quizás lo más alarmante de esta situación es el silencio administrativo de las autoridades locales. La ausencia de un pronunciamiento oficial contundente y de una estrategia de seguridad que devuelva la confianza a los ciudadanos es, en la práctica, una forma de abandono. Cuando el Estado calla mientras sus ciudadanos son extorsionados y amenazados por ejercer un derecho constitucional, ese silencio se interpreta como una concesión de soberanía. La soberanía no se pierde solo cuando se cede territorio geográfico, sino cuando se permite que una banda criminal dicte las normas de convivencia y participación en los barrios populares.

Esta atmósfera de zozobra está enviando un mensaje devastador para el futuro de la participación ciudadana. Si la política se percibe como una actividad que pone en riesgo la vida de los hijos, el ciudadano optará legítimamente por el retraimiento y la apatía. Una democracia de ciudadanos asustados es una democracia de papel, lista para ser capturada por intereses oscuros. Barranquilla no puede permitirse normalizar este control social; no puede aceptar que un audio de WhatsApp tenga más autoridad que la Constitución Nacional.

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La reflexión que nos queda es amarga pero necesaria: ¿de qué sirven los discursos sobre el progreso y de la "Puerta de Oro", de los carros que se le compran a la policía, si, a pocas cuadras de los centros de poder, el derecho a la libre expresión ha sido canjeado por el instinto de supervivencia? La respuesta institucional no puede limitarse a la verificación de un audio; debe ser una recuperación integral del territorio. Si no se actúa con determinación inmediata, las próximas elecciones no serán el reflejo de la voluntad del pueblo barranquillero, sino el inventario de sus miedos.

Es imperativo que la Fuerza Pública y la Alcaldía rompan su letargo. La democracia no se defiende sola; se defiende garantizando que ningún ciudadano tenga que elegir entre sus convicciones políticas y la vida de su familia. El retiro de esos carteles en las fachadas de los barrios del suroccidente es el grito desesperado de una población que se siente sola. Y en esa soledad, lo que realmente se está borrando no es publicidad política, es la fe en las instituciones y el futuro mismo de nuestra libertad civil.