¿Falta de acceso a la justicia local o no encuentra entidades para la solución de sus conflictos locales? Esta es una de las premisas del programa de justicia inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentada en un nuevo estudio realizado para la agencia por la Universidad EAFIT.
“Esta estrategia de carácter participativo tiene como objeto motivar y promover el involucramiento del sector privado en el fortalecimiento de la justicia local, por su rol estratégico y transformador en el desarrollo de los territorios”, explica Alejandro Ruiz Acevedo, director del programa de justicia inclusiva de USAID.
En palabras de María Angélica Munar, directora del área de arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, también se comparte la idea sobre la necesidad de crear entornos favorables en materia de solución de conflictos para apalancar el desarrollo de una región, no solo desde la perspectiva económica, sino en el fortalecimiento de las habilidades sociales.
Alejandro Gómez, profesor de la escuela de derecho de la universidad EAFIT, presentó mediante el estudio realizado en una consultoría interdisciplinar, ¿Cuál es el lugar de la justicia y el rol del sector privado en ella? ya que tradicionalmente desde las escuelas de derecho se habla que la justicia es un servicio a cargo del estado.
Dentro de los diferentes órganos que se buscan en la justicia se encuentra los sistemas locales de justicia y las casas de justicia, la justicia comunitaria, la de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, quienes acompañan el acceso más amplio de la justicia en todas las comunidades.
Al realizar visitas de campo a casa de justicia en Cali y en la zona de Urabá antioqueño, los investigadores del estudio pudieron constatar las distintas necesidades de infraestructura y de difícil acceso que tienen la comunidad.
Otra de las falencias comunicadas se debe al personal, donde las casas de justicia manifestaban la necesidad de expertos como psicólogos, trabajadores sociales para apoyar las audiencias de conciliación en materia de violencia de género, procesos de familia, entre otros.
Igualmente, se habló de la falta de muebles como sillas y mesas para atender a las personas, o deficiencias en la tecnología como falta de computadores, de acceso al internet o no tener impresoras o papel para imprimir acuerdos de conciliación.
Por ello, entre las principales razones de inversión privada en la justicia consiste en reducir la conflictividad social, la reducción de tiempos de resolución de conflictos sometidos a la jurisdicción, el fortalecimiento del sistema judicial, promover el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos y así mismo obtener una mayor disposición de las comunidades a acudir a la institucionalidad.
Una de las finalidades, tras una futura inversión, se debe a que esta inversión sea en apoyo a la justicia, pero sin interceder en las decisiones judiciales de cada caso. COLPRENSA