De la Espriella cancela el proyecto para llevar internet a la Amazonía

En una de las decisiones administrativas, presupuestales y políticas más drásticas en lo que va del arranque del mandato presidencial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, bajo la conducción de la ministra Alexandra Falla, formalizó la cancelación definitiva de la licitación pública FTIC-LP-001-2026. El proceso, concebido como la gran apuesta de conectividad para el sur del territorio nacional bajo el nombre de "Fibra Óptica para la Amazonía", buscaba tender cientos de kilómetros de cable subfluvial por los lechos hídricos del departamento del Putumayo y la región amazónica. Sin embargo, un riguroso examen técnico, jurídico y financiero ordenado por la nueva administración expuso serias falencias de diseño, sobrecostos injustificados y elevados riesgos de ejecución que terminaron por sepultar la iniciativa en su formato original.

La determinación, adoptada por instrucción directa de la ministra Falla en concordancia con los lineamientos del presidente Abelardo de la Espriella, frena un compromiso de recursos públicos que alcanzaba los 1,14 billones de pesos colombianos (alrededor de 364 millones de dólares). La licitación no solo abarcaba el diseño e instalación del cableado subfluvial en ecosistemas de alta fragilidad, sino también la interventoría integral y el mantenimiento del sistema por un lapso superior a los diez años. Tras varios días de análisis reservado por parte de un comité de expertos convocado por la cartera de las TIC, el Gobierno concluyó que mantener el curso del proceso contractual heredado implicaba un riesgo inaceptable de detrimento patrimonial y de parálisis técnica.

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El marco conceptual del proyecto comenzó a tomar forma durante la administración de Gustavo Petro, cuando en octubre de 2025 el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el documento CONPES 4167, declarando la iniciativa de importancia estratégica con un techo fiscal de 683.170 millones de pesos. El plan se vendió entonces como la solución definitiva para integrar a más de 227.000 ciudadanos de nueve municipios de la Amazonía y el Putumayo, incluyendo localidades estratégicas como Leticia, Puerto Nariño, Tarapacá, Puerto Alegría, El Encanto, Puerto Arica, Puerto Asís, Puerto Leguízamo y San Miguel.

El rumbo de la licitación dio un giro controvertido en mayo de 2026 con la aprobación del CONPES 4195, documento que modificó sustancialmente las variables presupuestales. En una maniobra que encendió las alarmas de los órganos de control y de veedurías especializadas del sector tecnológico, el valor total del proyecto sufrió una elevación del 67,1 %, pasando de los 683.000 millones iniciales a más de 1,14 billones de pesos, comprometiendo vigencias futuras por 10,5 años, hasta el año 2035. El trámite culminó el 4 de agosto de 2026, a tan solo dos días de la finalización del gobierno saliente, cuando se firmó la autorización formal de los recursos futuros para dar luz verde a los pliegos definitivos.

Las alertas sobre este vertiginoso incremento habían sido formuladas previamente por medios de fiscalización sectorial, como el portal especializado Evaluamos, que documentó cómo los montos asignados fueron abultados sin que se presentara una reformulación técnica equivalente que justificara el brinco de más de 450.000 millones de pesos. Los análisis que sustentaron la resolución de cancelación emitida por la ministra Falla ratificaron que el presupuesto incorporaba estimaciones preliminares carentes de sustento empírico, abriendo la puerta a constantes adiciones presupuestales e imprevistos de obra durante su ejecución.

Vacíos técnicos, incertidumbre ambiental y falta de cobertura real

Más allá del impacto sobre las arcas del Estado, la evaluación detallada realizada por la nueva cúpula del MinTIC arrojó sombras sobre la viabilidad técnica de enterrar o sumergir fibra óptica en las arterias fluviales de la selva suramericana. Los ríos de la cuenca amazónica se caracterizan por una dinámica hidrológica sumamente compleja, marcada por drásticos cambios de nivel entre las temporadas de lluvia y sequía, fuertes corrientes de fondo y el desplazamiento masivo de sedimentos y árboles arrastrados por las crecientes.

El equipo de ingenieros y especialistas en telecomunicaciones contratado para auditar el pliego evidenció la falta de estudios batimétricos y ambientales profundos. Sin estas mediciones, el riesgo de fractura recurrente de los cables subfluviales por arrastre de palizadas o asentamiento de sedimentos era crítico, lo que habría exigido labores de mantenimiento complejas y sumamente costosas que no estaban contempladas con precisión en los contratos.

A este panorama se sumó una deficiencia crítica en el alcance social: los borradores del proyecto mostraban severas incertidumbres sobre cómo se garantizaría la conexión de "última milla". Es decir, el trazado principal por los ríos no aseguraba que la señal pudiera distribuirse de manera efectiva hacia los hogares, colegios, puestos de salud y centros comunitarios de los cascos urbanos y de las comunidades indígenas dispersas. Existía el riesgo latente de terminar con una costosa infraestructura troncal sumergida en los ríos pero con pueblos desconectados en las orillas, emulando fracasos de contratación tecnológica ocurridos en décadas pasadas en otras zonas apartadas del país.

El drama cotidiano en el territorio

Mientras las decisiones de política pública se definen en las oficinas de Bogotá, en el departamento del Amazonas la desconexión a internet sigue siendo una realidad sofocante que entorpece la vida diaria. En municipios como Leticia o Puerto Nariño, es cotidiano presenciar el fenómeno de los pobladores caminando por las calles o desplazándose hasta las inmediaciones de los aeropuertos y parques principales en búsqueda de señales de datos móviles que les permitan enviar un mensaje de texto o realizar una llamada de emergencia.

Los indicadores oficiales reflejan este rezago histórico. Mientras en el consolidado nacional la cobertura de internet bordea el dos tercios de los hogares, en el casco urbano de la Amazonía la penetración escasamente supera el 41 %, y en las zonas rurales e indígenas desciende a niveles inferiores al 24 %. Esta precariedad obliga a comerciantes, profesionales de la salud y docentes a recurrir a servicios de conectividad satelital privada. No obstante, las barreras económicas son descomunales: adquirir los equipos de antenas satelitales requiere una inversión inicial que supera el millón seiscientos mil pesos, sumado a tarifas mensuales que oscilan entre los 150.000 y 200.000 pesos, montos absolutamente inalcanzables para la mayoría de los habitantes de la región.

Proyectos estatales previos iniciados desde el año 2013 han quedado incompletos o han quedado obsoletos con el paso del tiempo, dejando a las comunidades en un estado de frustración permanente frente a las promesas de la transformación digital.

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Replanteamiento estratégico

La suspensión definitiva de la licitación FTIC-LP-001-2026 no significa, según lo manifestado por la cartera tecnológica, que el Gobierno nacional vaya a dar la espalda a las necesidades de comunicación de la región sur del país. La ministra Alexandra Falla ha sido enfática en que la decisión responde a un ejercicio de responsabilidad fiscal y de transparencia en la contratación estatal, principios fijados por el presidente Abelardo De la Espriella.

En el marco de la coyuntura actual, el Ministerio TIC ha debido atender de forma simultánea la emergencia de conectividad provocada por el sismo del pasado 17 de agosto, movilizando técnicos para restablecer la infraestructura afectada en varias regiones. Paralelamente, la entidad prepara la conformación de mesas de trabajo técnicas para estructurar una nueva estrategia de conectividad en la Amazonía y el Putumayo. Este nuevo enfoque buscará implementar soluciones tecnológicas más modernas, flexibles y de menor impacto ambiental —como la combinación de tecnología satelital de baja órbita, enlaces de microondas y redes locales adaptadas al entorno selvático— que garanticen un acceso real, estable y fiscalmente sostenible para las comunidades de la frontera sur.