Este miércoles se llevó a cabo la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia contra el excongresista y excandidato presidencial David Barguil, investigación que se sigue en su contra por presuntos actos de corrupción.
En diligencia reservada en la Corte, fue citado Barguil luego de la apertura de indagación en su contra por presuntas irregularidades en la utilización de los cupos indicativos, con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras, Sucre, a cambio de beneficios económicos en su rol como congresista.
La sala de instrucción de la Corte Suprema investiga la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Según información suministrada por la Fiscalía, Remberto Javier Amell, en sus funciones como alcalde de Galeras, en el periodo 2016-2019, acudió presuntamente a Barguil para que mediara ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS), de modo que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial del municipio.
De acuerdo con la información del ente acusador, el Gobierno Nacional utilizando el cupo indicativo a los congresistas, le asignó más de 13.000 millones de pesos para las obras, de los cuales el 15 % habría salido para los congresistas.
Es importante resaltar que, los cupos indicativos, antes llamados ‘auxilios parlamentarios’, es un cupo presupuestal que reciben los parlamentarios, creados previamente, que pueden manejar, en teoría, para cubrir necesidades sociales como alcantarillado, agua, obras civiles en las regiones que ellos representan.
Tras estos hechos, se logró la captura de Remberto Javier Amell Hernández; Carlos Eduardo Cueto Corrales, quien se desempeñaba como secretario de Planeación para la época de los hechos; Lila Margarita Aldana Argel y del contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero.
Con las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el exalcalde Remberto Amell y los demás exfuncionarios de la alcaldía de Galeras, aceptaron los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía aseguró que hay evidencia de que se habría reducido el tiempo de la licitación para que otras empresas no pudieran participar en el proceso. Además, habrían presentado ofertas falsas para facilitar el camino de quienes finalmente se quedaron con los contratos. COLPRENSA