¿Con los resultados electorales se puede hablar de democracia?

Por: Nerio Luis Mejía

El interrogante es válido luego de las elecciones del pasado 8 de marzo de 2026. A pesar del triunfo proclamado tanto por el oficialismo como por la oposición —cada uno reclamando victoria por el número de curules obtenidas en el Congreso de la República—, persisten dudas sobre la transparencia del proceso. Por fortuna, estas elecciones no estuvieron marcadas por la violencia, una amenaza constante en la historia electoral del país. Sin embargo, una vez concluida la jornada, comenzaron a aparecer denuncias de fraude, un fenómeno que ha acompañado repetidamente los comicios en Colombia. La peor parte de estas críticas recae sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución responsable de la organización electoral.

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Es habitual que esta entidad cargue con los señalamientos de quienes no quedaron conformes con los resultados. Lo que llamamos “fiesta democrática” en Colombia nos lleva a cuestionarnos: ¿existe realmente la democracia en nuestro país cuando participamos en la elección de representantes a cargos de elección popular?

Lo más desconcertante es el elevado nivel de abstención, que supera el 50%. Este fenómeno refleja el cansancio y el desinterés de los ciudadanos frente a la política, producto de la decepción con sus representantes. La corrupción, enquistada como un cáncer en la médula del país, ha convertido la política en un ejercicio dominado por el dinero y las maquinarias familiares. Los candidatos, más que presentar propuestas para resolver los problemas de la ciudadanía, deben contar con recursos económicos para comprar votos y con el respaldo de clanes políticos que controlan regiones como si fueran feudos. En algunos lugares, incluso se reparten bienes básicos como agua en carrotanques durante épocas preelectorales, lo que evidencia la manipulación de las necesidades de la población.

En estas condiciones, resulta difícil que florezca una participación democrática genuina. El monopolio político que maneja la contratación estatal, sin mayor control judicial, inclina la balanza electoral hacia intereses particulares. Alcaldes y funcionarios reparten contratos antes de la llamada “ley de garantías” para asegurar votos mediante chantajes, lo que constituye un constreñimiento electoral tolerado por los órganos de control.

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No es responsabilidad de quienes se abstienen de votar ni de quienes sí lo hacen que Colombia se haya convertido en un país tan corrupto. La culpa recae en quienes nos representan. La solución no está en imponer el voto obligatorio, sino en que la justicia actúe con firmeza. No puede permitirse que el ejercicio de la participación ciudadana se vea manchado por un sistema político que pone la institucionalidad al servicio de la corrupción. Mientras esto ocurra, la verdadera fiesta democrática seguirá siendo una ilusión en Colombia.

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