En lo corrido de este año van 105 asesinatos de indígenas, además en el Cauca van 14 masacres de las cuales siete se han ejecutado en territorios indígenas; 189 amenazas colectivas y 175 amenazas individuales.
Y por esta razón y otros acontecimientos, la organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor) exigió al Estado colombiano, así como a las autoridades locales e internacionales, acciones “concretas” que eviten el exterminio físico y cultural de los pueblos aborígenes.
En el comunicado además rechazan las “sistemáticas violaciones” a sus derechos humanos. De igual manera, advirtieron que esas vulneraciones siguen creciendo a raíz del “exterminio físico” consecuencia de los asesinatos selectivos de sus líderes.
De acuerdo con Joemil Sausaca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena, Cric, la situación del Cauca es bastante grave, es un tema humanitario y una crisis que estamos abarcando por diferentes situaciones como grupos armados ilegales, narcotráfico, paramilitarismo y la desatención del Gobierno frente a la protección de los pueblos indígenas.
Sausaca precisa que lo más triste de toda la situación es que la población afectada han sido los guardias indígenas, sabedores ancestrales y las autoridades indígenas y son hechos que afectan la vida comunitaria en los territorios, desarmoniza las familias y principalmente retrasa los procesos y el desarrollo comunitario y los planes de vida de los territorios.
En este mismo sentido, Emilio Arenas, sociólogo e historiador, considera que cuando se hablan de una eliminación sistemática es una cuestión planificada no al azar y se tiende a eliminar a los líderes de base, pero si la enmarcamos dentro de una sociedad de clases y conflicto, como lo que se vive en el país, tiene que ver necesariamente con la defensa del poder.
Recuerda que la formación de un líder es un trabajo muy delicado y sobre todo el líder de abajo porque se hace a pulso, casi que a partir del analfabetismo, y es un trabajo de toda una vida y eliminarlo es cuestión de un segundo.
Un ejemplo claro en la historia, según Arenas, y que no fue sistemático, fue el asesinato de un líder popular como Jorge Eliécer Gaitán que llega a las puertas del poder y un tipo cualquiera lo elimina y se perdió el trabajo, el empuje de varias generaciones y al parecer no salimos de ese golpe de la eliminación de ese dirigente.
Las economías ilícitas
Sobre el llamado que hacen las comunidades indígenas, Hugo Fernando Guerrero, docente de la Universidad de la Salle, asegura que la situación se presenta porque las comunidades indígenas siempre han estado ubicadas en zonas donde el Estado no ha hecho presencia y donde se han adelantado procesos ligados a estructuras criminales de diferente tipo bien sea la minería ilegal, la producción de hoja de coca o marihuana o incluso el proceso de apropiación ilícita de territorios.
Argumenta que de una u otra manera las comunidades indígenas han sido un problema para este tipo de estructuras criminales porque crean una barrera de acuerdo a sus objetivos.
Guerrero opina que la violencia se ha incrementado en estas zonas porque paradójicamente en el marco del conflicto armado en estas regiones la guerrilla de las Farc de una u otra manera proveía algún tipo de protección para estas comunidades, “no estoy diciendo de manera absoluta porque también la guerrilla es responsable de varios asesinatos, pero no de manera sistemática”.
Sin embargo, en el momento que se firma el acuerdo de paz, las Farc desaparece de los territorios y también esa estructura de compensación de seguridad que no proveía el Estado y, ahora están a merced de las estructuras criminales ya sea disidencias de la misma guerrilla, paramilitares o incluso estructuras de carácter transnacional como los carteles mexicanos.
Falta de implementación del Acuerdo de paz
Joemil Sausaca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena, Cric, asegura que el incremento de la violencia en los territorios del sur del país no se debe al narcotráfico, como lo quiere mostrar el Gobierno Nacional, sino a la falta de implementación del Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc.
Asegura que el Gobierno debería cumplir a las zonas que históricamente han sido olvidadas, y en ese sentido ha faltado trabajo para atender la situación territorial de las regiones como Cauca, uno de los departamentos más afectados por la violencia y el reclutamiento forzado de menores de edad.
El Gobierno Mayor también asegura que las comunidades siguen siendo objeto de desplazamiento, hostigamiento, amedrentamiento, confinamiento y reclutamientos forzados.