Durante más de cinco horas las partes intervinientes en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe estuvieron ayer en la primera jornada de la audiencia de preclusión que, al fin de cuentas, terminó sin decisiones y con una nueva cita para el próximo viernes.
Pese a que se esperaba poder escuchar los argumentos con los que la Fiscalía justifica su petición de preclusión en el caso del expresidente Uribe, quien está siendo investigado por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, dicho objetivo no fue posible porque la juez Carmen Helena Ortiz, encargada del caso, tuvo que concentrarse en dos nuevas solicitudes.
En efecto, el periodista Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en este caso, pidieron ser considerados como víctimas dentro del proceso, una discusión que se tomó toda la jornada y que quedó pendiente para el próximo 9 de abril, a las 8:00 a.m, fecha que estipuló la juez para anunciar su decisión.
Mientras tanto, el tema puntual de la preclusión del caso se tocó poco, pues las partes estuvieron concentradas en apoyar u oponerse a ambas solicitudes. “Algo que era previsible desde el punto de vista procesal, por tratarse de un caso con esa cantidad de hechos e implicados”, analizó Juan Carlos Álvarez, profesor de derecho penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit. Lea aquí: Reconocimiento de víctimas: motivo de suspensión de audiencia contra Uribe
Lo dicho en la audiencia
La diligencia, que empezó ayer a eso de las 9:15 a.m, con más de una hora de retraso, transcurrió con lentitud entre las fallas técnicas de la virtualidad, los pedidos de palabra de las partes y la demora para enviar documentos, vía correo electrónico, por parte de abogados y el ente investigador.
El primero en tener la palabra durante la audiencia fue el abogado Miguel Ángel del Río, quien argumentó que su cliente, Deyanira Gómez, se habría visto afectada de varias formas tras ofrecer declaraciones en contra de Uribe.
Según sus argumentos, Gómez debió salir del país con sus dos hijos, de 10 y 3 años de edad, huyendo de supuestas intimidaciones.
Así mismo, el abogado del Río le entregó a la juez las escrituras que, según aseguró, acreditarían a Gómez como dueña de la finca La Veranera, un inmueble sobre el que la Fiscalía impuso extinción de dominio argumentando que pertenecía a Monsalve.
Por eso, Del Río insistió en que, dado que La Veranera le pertenecería a Gómez, y no a Monsalve, también habría existido un daño sobre el patrimonio para la mujer que ahora reclama su posición como víctima dentro del caso.
Miguel Ángel del Río, además, denunció un supuesto “plan” para deslegitimar a Gómez en su calidad de víctima.
Seguida a esa intervención, la atención estuvo puesta sobre los argumentos de Roberto Rodríguez. En su exposición del caso, el abogado de Guillén mencionó la carrera del periodista y argumentó que debe ser considerado como víctima por supuestas calumnias que se han levantado en su nombre desacreditándolo dentro de su profesión.
Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron a que Gómez y Guillén sean declarados como víctimas en el caso Uribe, pues, según argumentaron, no cumplen con los requisitos para que así sean declarados.
Así mismo, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte y quien tenía en su despacho el expediente Uribe que pidió precluir, añadió que los argumentos del abogado podrían ubicar a la mujer como testigo, pero no como víctima.
“Sí hay una participación de Gómez, pero a manera de testigo en algunos puntos específicos”, advirtió. Mientras que para el caso de Guillén justificó que su actuación era meramente periodística.
Durán y el delegado del Ministerio Público para esta audiencia, Jorge Enrique Sanjuan, concluyeron que ambos casos podrían ser sujetos de investigaciones, pero que deberían ser llevadas aparte y no en este expediente, un punto que fue apoyado por el abogado del exsenador Uribe, Jaime Granados, quien también se opuso a que fueran reconocidos bajo esa figura jurídica.
En contraste, el abogado Reinaldo Villalba y los exfiscales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre se mostraron a favor de reconocerlos como víctimas y le pidieron a la juez otorgarles a Gómez y Guillén la posibilidad de intervenir en el caso.
Cabe aclarar, según explicó el especialista en derecho penal Juan Carlos Álvarez, que “esa posición de víctimas les permite, entre otras cosas, presentar pruebas y oponerse a los argumentos de la Fiscalía. Esto último es lo más importante, pues serían más elementos procesales oponiéndose a la preclusión y entregando material probatorio”.
¿Qué sigue en el caso?
En vista de que tanto la decisión de la condición de víctimas como la de la preclusión del caso pueden ser apelados, al caso Uribe aún le falta un largo trayecto por recorrer antes de que se tengan sentencias definitivas, según describió Álvarez.
“El caso, por ahora, está en una etapa inicial donde se está terminando de formalizar quiénes pueden intervenir allí y quiénes no. Mientras que no se defina eso no se puede entrar al debate de fondo, que son los argumentos de la Fiscalía”, agregó el abogado Álvarez, quien también explicó que, dada la importancia que le da la Ley 906 de 2004 a las víctimas, el proceso podría suspenderse mientras se define si Gómez y Guillén son aceptados como tal.
Por último, se sabe que, pese a que el fiscal Jaimes aún no ha ofrecido mayores detalles sobre la justificación de la preclusión, uno de los puntos a objetar será el argumento de una prueba recolectada de manera ilegal. En ese mismo sentido, fuentes oficiales le confirmaron a este diario que el Ministerio Público se uniría a la petición de precluir el caso de Álvaro Uribe Vélez COLPRENSA