1985: La toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero

SERIE HISTORIA DE COLOMBIA. TEMPORADA 3: Modernidad, Violencia y Transformación (1900 - 1989).

Si la historia de Colombia se pudiera medir por la profundidad de sus cicatrices, el año 1985 sería el punto exacto donde el tejido social y político del país se desgarró por completo. En un lapso de apenas una semana, en noviembre de aquel año, la nación presenció dos catástrofes de proporciones dantescas: una provocada por la soberbia y la violencia humana; la otra, por la negligencia estatal ante la fuerza de la naturaleza.

Este es el relato de las 168 horas que sepultaron el alma del país y cambiaron para siempre nuestra relación con el dolor.

Lea también: 1974: La espada de Bolívar y la guerrilla como fenómeno de marketing

La toma del Palacio de Justicia: Holocausto en el corazón de la democracia

El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, un comando de 35 guerrilleros del M-19 fuertemente armados ingresó violentamente al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La operación, denominada "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre", buscaba un objetivo tan audaz como delirante: someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político público por haber incumplido los acuerdos de tregua firmados el año anterior.

Sin embargo, tras las motivaciones propagandísticas del grupo insurgente, siempre ha planeado una sombra mucho más oscura. Investigaciones posteriores y el informe final de la Comisión de la Verdad confirmaron una macabra coincidencia de intereses: el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, financió la operación con cerca de dos millones de dólares. ¿El objetivo de los narcos? Destruir los expedientes y los tratados de extradición que reposaban en los escritorios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Violación de Derechos Humanos y el horror de los desaparecidos

La respuesta del Estado no fue la de un mediador, sino la de una fuerza de guerra arrolladora. Bajo la consigna de defender la democracia a sangre y fuego, el Ejército Nacional ejecutó el "Plan Tricolor", empleando tanquetas de guerra Urutú y fuego de artillería pesada contra el edificio. El enfrentamiento convirtió el Palacio en una ratonera infernal que ardió durante casi dos días.

El saldo de la tragedia superó los 100 muertos, entre ellos 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. El horror, sin embargo, no terminó con las llamas. En las horas posteriores, la Central de Inteligencia Militar (B-2) montó un centro de operaciones en la vecina Casa del Florero. Allí, los sobrevivientes que eran evacuados del Palacio se dividieron arbitrariamente entre "sospechosos" y "rehenes".

Catorce personas —entre ellos empleados de la cafetería del Palacio, estudiantes y la guerrillera Irma Franco— salieron con vida en manos de los militares y nunca volvieron a aparecer. Décadas de litigios internacionales han demostrado que estas personas fueron sometidas a torturas brutales y desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado, un crimen de lesa humanidad que fracturó irremediablemente la legitimidad institucional.

Lea también: 1957: El Plebiscito y Frente Nacional. El reparto del poder entre las élites

¿Hubo un golpe de Estado a Belisario Betancur?

Una de las preguntas más espinosas de la historiografía colombiana es el papel que jugó el presidente Betancur durante las 28 horas que duró la toma. Diversos analistas e informes históricos coinciden en que esos días se configuró un "golpe de Estado técnico" o un vacío absoluto de poder civil.

Las circunstancias que sostienen la tesis de que el Ejército desplazó la autoridad del presidente son contundentes:

Corte de comunicaciones: El general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa, y los altos mandos militares decidieron ignorar deliberadamente las órdenes directas del presidente de buscar un cese al fuego y entablar una negociación.

El clamor ignorado de los magistrados: El presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, logró comunicarse por teléfono con estaciones de radio, para suplicar llorando que el presidente Betancur ordenara detener el fuego del Ejército. Las llamadas de Reyes Echandía al Palacio de Nariño fueron bloqueadas por los asesores presidenciales y los militares, impidiendo cualquier contacto.

Censura en televisión: Mientras el Palacio ardía y los tanques irrumpían a la fuerza por la puerta principal, la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó suspender la transmisión de los noticieros y transmitir, en su lugar, un partido de fútbol profesional. El poder militar operó de forma autónoma, asumiendo el control total de la situación y dejando al mandatario civil y comandante en jefe de las fuerzas militares como un mero espectador de la masacre.

Armero: La crónica de una tragedia anunciada

Mientras el país intentaba procesar el trauma político de Bogotá, una bomba de tiempo geológica terminó de estallar en el departamento del Tolima. El 13 de noviembre de 1985, a las 9:09 de la noche, el volcán Nevado del Ruiz entró en erupción. El calor emitido por el cráter derritió de forma súbita el 10% del glaciar de la montaña, generando un descomunal lahar (un flujo lodoso compuesto por agua, ceniza volcánica, rocas y escombros).

El gigantesco río de lodo descendió a más de 50 kilómetros por hora por el cauce del río Lagunilla. A las 11:30 de la noche, una muralla de barro de casi 40 metros de altura impactó de frente contra la próspera población de Armero. En cuestión de minutos, la segunda ciudad más importante del Tolima quedó borrada del mapa, sepultando vivos a más de 25.000 de sus 29.000 habitantes.

Un desastre que pudo evitarse por completo

Armero no fue un castigo impredecible de la naturaleza; fue una catástrofe causada directamente por la negligencia estúpida del gobierno central. Durante casi un año, geólogos nacionales e internacionales habían advertido que el volcán estaba despertando.

Meses antes de la tragedia, expertos de la Universidad de Caldas habían diseñado un mapa de riesgo preciso que ubicaba a Armero exactamente en la zona de máximo peligro de aludes de lodo. En septiembre de 1985, el congresista Hernando Arango Monedero advirtió en el Capitolio Nacional que una erupción causaría una catástrofe sin precedentes. La respuesta del ministro de Minas de la época, Iván Duque Escobar (padre del expresidente Iván Duque Márquez), fue tildar las alertas de "apocalípticas y exageradas".

La noche de la erupción, las autoridades locales fallaron de forma estrepitosa. El gobernador del Tolima y el alcalde de Armero no ordenaron la evacuación. Incluso cuando una lluvia de ceniza gruesa ya caía sobre el pueblo, el sacerdote de la iglesia y la emisora de radio local instaron a los ciudadanos a mantener la calma, quedarse dentro de sus casas y cubrirse el rostro con pañuelos húmedos. La inacción estatal condenó a toda una población a morir enterrada.

Lea también: 1970: El fraude del 19 de abril. La elección que parió una guerrilla

Omayra Sánchez: El rostro de la agonía

El horror de Armero se personificó ante los ojos del mundo entero en una niña de 13 años: Omayra Sánchez. Su historia se convirtió en el símbolo desgarrador de la impotencia y la ineficacia de los equipos de rescate del Estado.

Omayra quedó atrapada entre los restos de su propia casa, con el agua y el lodo al nivel del cuello, mientras sus piernas permanecían aprisionadas por las vigas de concreto y el cuerpo sin vida de su tía. Durante casi 60 horas, la niña resistió con una valentía asombrosa que conmovió a los socorristas y periodistas internacionales que se agolparon a su alrededor. Conversaba con lucidez, cantaba y enviaba mensajes de amor a su madre a través de las cámaras.

A pesar de los esfuerzos de los voluntarios, salvarla requería una motobomba para succionar el agua estancada y herramientas pesadas para liberar sus extremidades. Los aparatos no llegaron a tiempo debido a la caótica gestión de la emergencia por parte del gobierno. El 16 de noviembre, tras tres días de agonía, Omayra falleció debido a una combinación de gangrena e hipotermia. Sus ojos ennegrecidos se cerraron frente a las cámaras del mundo entero, sellando la condena moral a un Estado que no cumplio su función de evitar la tragedia y además llegó dolorosamente tarde a salvar a sus propios hijos.

Noviembre de 1985 nos demostró que Colombia padecía de una profunda orfandad institucional. La violencia implacable en el Palacio de Justicia y el barro sepulcral de Armero demostraron que, ya fuera ante las armas o ante la naturaleza, los ciudadanos comunes estaban completamente desamparados por un Estado que debía protegerlos y preservar sus derechos. El país nunca volvió a ser el mismo después de esa semana de cenizas y lodo.