La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó que la respuesta militar “no ha logrado frenar” la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en “un incremento progresivo de los homicidios”.
Así lo aseguró la diplomática este martes durante la presentación del “Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno”, que fue entregado a la actual Administración, así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.
“En los dos últimos años la Oficina ha observado cómo diversos grupos armados no estatales y organizaciones criminales han expandido su presencia y han afectado de forma creciente a la población y sus derechos”, y “a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta predominantemente militar para combatirlos no ha logrado frenar su expansión y la violencia que generan”, indicó.
Esto se suma, dijo, a la “debilidad del Estado de derecho y de alternativas de desarrollo en los territorios afectados por la violencia, que han exacerbado la grave situación de derechos humanos”, mientras las comunidades denuncian abandono estatal y la ausencia o limitada presencia de autoridades civiles para enfrentar la situación.
Estos grupos armados no estatales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños y adolescentes.
Entre 2016 y 2021, esa agencia de la ONU verificó 562 casos de asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia. “Desde 2016 a la fecha el incremento de homicidios ha sido progresivo”, añadió De Rivero.
Este año, entre enero y junio, han recibido 114 denuncias de esos homicidios, de las que ha verificado 22 casos y otros 67 casos se encuentran en proceso de verificación.
“Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia”, explicó la representante.
Además, De Rivero mostró “preocupación” por el aumento de un 200 % en el número de masacres ocurridas entre 2016 y 2021, así como por la persistencia de las desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.
El informe recoge testimonios de algunos de los pueblos y territorios más afectados por el incremento de la violencia, entre ellos la situación que viven las comunidades indígenas awá, barí, embera, jiw y nasa, así como las zonas fronterizas como o Arauca, el Catatumbo y Putumayo, donde los grupos armados intimidan a los líderes sociales, ejerciendo violencia contra ellos y sus comunidades.
Entre 2016 y 2021, esa agencia de la ONU verificó 562 casos de asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia. EFE/ JOÉDSON ALVES