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¿Qué quieren los jóvenes?



Esa es la pregunta que se hacen la mayoría de los colombianos al ver asombrados como son los jóvenes los principales protagonistas de las protestas que se han realizado en el país desde el pasado 28 de abril.


La “Tercera Medición de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes”, revelada hace pocos días por la firma Cifras y Conceptos y contratada por la Universidad del Rosario, registra que un 74% de los jóvenes considera que la falta de empleo es el principal problema que tiene el país, seguido de la pobreza (53%) corrupción impune (48), mala atención en salud (45%), inseguridad (44%) y desigualdad (435).


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Llama la atención que la mayoría (91%) declara que protesta como rechazo al gobierno nacional, más de la mitad está dispuesto a seguir movilizándose en los próximos días, el 80% cree en el dialogo como forma de parar la protesta, un 87% cree en la vía democrática para solucionar los problemas del país y, de hecho, el 89% confiesa que votará en las elecciones del 2022 para Congreso y Presidencia.


El DANE ha venido ratificando con cifras de pobreza, hambre, desempleo juvenil e informalidad lo que ahora están declarando los jóvenes.


Es hora de unir esfuerzos para alcanzar la gran revolución del empleo que además de beneficiar a los jóvenes, subsidiando a las empresas el 25% o 50% en su contratación, genere nuevas actividades de producción que pueda beneficiar, incluso, a los informales.


Algunas sugerencias:


El gobierno nacional es, individualmente, el principal contratante de obras, comprador de productos y servicios, empleador, recaudador de impuestos y financiador de los programas asistencialistas. Para ese cometido tiene un presupuesto anual que en promedio es de casi $ 1 billón de pesos diarios. (el presupuesto nacional hoy es de $320 billones). Podría:


  • Exigir, de obligatorio cumplimiento, que en sus contrataciones se crearan un número determinado y proporcional de empleos formales.

  • Que en las compras de productos estos fueran por lo menos 80% de fabricación e insumos nacionales.

  • Privilegiar y premiar con exenciones la creación de empresas y empleos reales y comprobables y castigar con impuestos y aranceles la importación de productos terminados o insumos que pudieran fabricarse en el país.

  • En el renglón de alimentos prohibir la importación de los que se puedan cultivar en Colombia. En este último punto tendrá que revisar los TLC vigentes. Ejemplo: en unos pocos años, por efecto de los TLC, Estados Unidos y la Unión Europea inundarán el mercado de productos lácteos a precios mucho más económicos que los nuestros con lo cual acabará con la mayor parte de la producción nacional.

  • Racionalizar y hacer más eficiente la nómina oficial, incluso en razón de favorecer a quienes hoy son beneficiarios de programas asistenciales.

  • En ese mismo sentido se podrían orientar los otros presupuestos de los más de 1.200 entes territoriales entre departamentos, distritos y municipios.


Por su parte, el sector productivo, industrial y comercial:


Así como promueve el lema de: “colombiano compra colombiano”, también se comprometiera a producir 100% colombiano.


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  • Elaborar productos y servicios para exportarlos aprovechando los 17 TLC vigentes y los convenientes precios internacionales.

  • Reemplazar o compensar el número de trabajadores despedidos por efecto de la sistematización o robotización de sus procesos.


De otro lado, las entidades financieras podrían:


  • Racionalizar sus utilidades (ejemplo: Bancolombia obtuvo en el primer trimestre un 61% más de utilidades que el año anterior) para ofrecer créditos verdaderamente blandos con el fin de estimular la producción nacional.


Seguramente habrá muchas y mejores ideas, pero hay que ponerle voluntad política.

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