Protección y seguridad es lo que piden los habitantes de los municipios de Colosó, Sucre y San Jacinto Bolívar, quienes denuncian poca presencia de las autoridades y recrudecimiento de la violencia.
“Estamos en un territorio en el que la Fuerza Pública no llega y vivimos con miedo. La semana del paro fue aterradora, vivimos encerrados”, cuenta una mujer campesina del corregimiento de Chinulito Sucre, quien prefiere no revelar su nombre por seguridad.
Ella cultiva ñame, banano criollo y produce galletas de limón con queso y sin queso. En su corregimiento la situación de seguridad es compleja, según su relato: la Fuerza Pública no hace presencia real en el territorio y los grupos armados controlan el lugar, por lo que pide a las autoridades presencia real.
Una situación similar vive otra mujer habitante de San Jacinto Bolívar que produce alimentos derivados del cacao, quien cuenta que durante los cuatro días que duró el paro por la extradición de Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’. “La Fuerza Pública no llegó brillo por su ausencia. De pronto en la parte urbana, en el día a día, la policía hace presencia, pero en la parte rural no llega”.
Cuenta además que en el territorio los líderes están estigmatizados y que el miedo está vigente.
Con todo lo anterior coincide otro campesino de la región quien cuenta que durante el paro se perdieron dos toneladas de aguacate, por lo que pide ayuda para poder trabajar, no solo en cuestión de seguridad sino en mejoramiento de las carreteras, pues por carga está perdiendo más del 30% del total del cultivo.
Procuraduría alerta sobre la situación
En misivas enviadas al ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y al gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, la Procuraduría General de la Nación solicitó garantizar la seguridad y protección a la población que habita en municipios ubicados en Los Montes de María, dado el incremento de hechos violentos que continúan afectando a esta subregión.
En sus cartas, el Ministerio Público citó los más recientes hechos ocurridos en lo corrido de 2022, entre los cuales se encuentran presuntas amenazas contra líderes y lideresas sociales en Ovejas, homicidios en El Carmen de Bolívar, Zambrano y Colosó, y denuncias de las comunidades de El Carmen de Bolívar y Ovejas sobre reuniones convocadas por Grupos Armados Organizados, GAO.
Asimismo, mencionó el desplazamiento de tres familias en el corregimiento de Almagra, el atentado que tuvo como saldo un policía muerto y dos heridos en El Carmen de Bolívar, y un hecho violento en el que perdieron la vida un policía y un civil en el municipio de Colosó.
En las comunicaciones dirigidas al ministro del Interior y al gobernador de Bolívar, la Procuraduría evidenció que la ocurrencia de estos hechos en torno a las economías ilícitas generadas por narcotráfico, su ubicación estratégica, y la distribución de sustancias psicoactivas en la zona, han sido advertidas a las autoridades competentes sin lograr respuestas efectivas. COLPRENSA
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