En las próximas semanas usted podrá ver en las calles personas con planilla en mano pidiéndole que firme para apoyar la realización del referendo de autonomía fiscal para las regiones, cuyo comité promotor ya fue avalado por la Registraduría Nacional mediante la Resolución 6343 y que pretende que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplique lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP).
En palabras más simples, se busca hacer un ajuste en la Constitución de Colombia para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil consideró que la iniciativa cumplió los requisitos legales e inscribió a nueve ciudadanos como integrantes del comité promotor, entre ellos el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, el exministro Carlos Gustavo Cano Sanz, la exsenadora María del Rosario Guerra y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga. También están Paola Astrid Rivera, Hilduara Barliza, Diego Alejandro Santos, Ana Lucía Villa y Aura Juliana Castañeda.
“Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos que creemos que se debe profundizar en la autonomía financiera y administrativa de los departamentos, así como está previsto que los municipios tengan sus propias rentas con figuras como el impuesto predial”, dijo a este medio la exsenadora Guerra, quien también manifestó que tras la aprobación de la Registraduría, el equipo coordinador de la iniciativa se centrará en la estrategia de financiación y en la metodología para recoger las firmas, que esperan comenzar a más tardar en la primera semana de agosto próximo.
Para ello, por ejemplo, no solo contratarán un equipo de comunicaciones que haga la estrategia de difusión de los detalles más importantes del referendo, sino que también buscarán apoyo de divulgación en exgobernadores, líderes de propuestas de descentralización y otros actores que les permitan dar a conocer la iniciativa en las distintas regiones del país y hablar de su importancia con la gente.
Al iniciar esta nueva fase, agregó Guerra, esperan lograr el grueso de la recolección de firmas antes de que culmine el plazo estipulado por ley, que va hasta el 28 de diciembre de 2024. Esto lo que ven de forma positiva en vista de que en este semestre que apenas comienza no hay campañas electorales ni otros procesos de esa magnitud que puedan entorpecer o distorsionar los objetivos del referendo.
Cabe recalcar que este referendo, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana que tiene el país, busca introducir una norma análoga y establecer un ingreso protegido de titularidad exclusiva de los departamentos y del Distrito de Bogotá, introduciendo un inciso y un parágrafo al artículo 298 que diga que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan.
Pero también se pretende que haya un elemento de equidad y subsidiaridad, de modo que aquellos lugares como Chocó, Guanía o Vaupés, que tienen menos desarrollo empresarial reciban rentas superiores a las que hoy reciben por las transferencias generales de la Nación. Guerra explicó que, en caso de que todo sea aprobado, deberá ser reglamentado por ley el porcentaje que debe ir a un fondo para subsidiar los faltantes de dichos departamentos.
Si a usted le piden que firme el referendo, tenga en cuenta que la planilla solo tendrá esta única proposición: “Se precisa que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejarán de ser impuestos nacionales y pasarán a ser departamentales y del Distrito Capital por mandato constitucional, por lo que los recursos que se deriven de su recaudo serán de propiedad de los Departamentos y el Distrito Capital de forma conjunta. Su distribución se hará atendiendo, entre otros principios, a los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia, lo que garantiza el carácter redistributivo y equitativo de dicho ingreso. Finalmente, el referendo se constituye como la única opción viable para llevar a cabo el cambio constitucional propuesto atendiendo a la existencia de un déficit de representatividad regional en las instancias nacionales y la falta de incentivos políticos y económicos en el Gobierno Nacional para profundizar la descentralización fiscal en favor de los departamentos”.
Desde el comité promotor precisaron además que la meta es recolectar por lo menos 4.000.000 de firmas de los ciudadanos, con el fin de llegar más sólidos a la revisión que luego se hace en la Registraduría como parte del proceso y en la que deben resultar como válidas por lo menos 2.027.199 rúbricas. La idea de recoger casi el doble es no tener inconvenientes, en vista de que en estas labores es normal que haya datos erróneos que luego son invalidados.
Y hay que tener en cuenta que las firmas solo son para apoyar la realización del referendo y, si estas son avaladas, luego se deberán surtir trámites en el Congreso de la República y revisión en la Corte Constitucional. Posteriormente, si estos pasos sale bien, se podrá convocar a una votación ciudadana en la que pueden participar todas las personas inscritas en el censo electoral. Para que la decisión del pueblo en un referendo sea de obligatorio cumplimiento, debe participar por lo menos una cuarta parte (el 25%) de los ciudadanos que componen el censo electoral. COLPRENSA
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