Procuraduría activó vigilancia preventiva sobre Hidroituango
- Acta Diurna
- 21 jul
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En el marco de un riguroso seguimiento institucional a la infraestructura más relevante del sector energético colombiano, la Procuraduría General de la Nación culminó una inspección técnica preventiva y mesa de trabajo en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango). La jornada, desarrollada entre el 15 y el 17 de julio por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, buscó evaluar la efectividad de los instrumentos de gestión del riesgo y fortalecer la articulación operativa entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las autoridades territoriales de la zona de influencia.
La actuación preventiva contó con la participación activa de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, departamentos ubicados en la cuenca baja del río Cauca y susceptibles a variaciones en la operación del complejo hidroeléctrico.
Estado operativo y avance de la megaobra
Según el reporte oficial socializado durante la inspección, con corte al 31 de mayo el proyecto registra un avance físico global del 95,70 %, enfocado principalmente en los trabajos de construcción, montaje y alistamiento técnico de las unidades de generación 5 a la 8 (correspondientes a la segunda fase de la central).
En el frente operativo comercial, las unidades 1 a 4 se encuentran funcionando de manera continua e interconectada, aportando actualmente 1.200 MW de energía firme al sistema eléctrico nacional. Asimismo, la Procuraduría confirmó que EPM mantiene actualizado su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) con corte a diciembre de 2025.
Esta inspección se suma a la línea de vigilancia preventiva trazada por la Resolución 0018 de 2020 y a las mesas técnicas impulsadas desde 2022 con la participación del DAGRAN, la UNGRD, Corantioquia y alcaldías locales, marco en el cual el órgano de control ha ejecutado más de siete visitas de inspección y formalizado más de 33 requerimientos técnicos.
Planes al día, pero con limitaciones presupuestales
Uno de los puntos clave evaluados fue la preparación de los municipios ubicados aguas abajo de la presa. Aunque la Procuraduría destacó que el 82 % de los municipios del área de influencia cuentan con sus Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE) debidamente actualizados, el balance encendió alarmas sobre la capacidad real de respuesta.
El órgano de control advirtió que persisten rezagos operativos en la gestión del riesgo local debido a la escasez de recursos económicos que afrontan las administraciones municipales, lo que limita la compra de equipos, la contratación de personal técnico y el mantenimiento de la infraestructura de atención de contingencias.
El reto ambiental: La cota 420 y el Fenómeno de El Niño
El análisis de la Procuraduría coincidió con un panorama normativo y meteorológico de alta complejidad para el país. Por un lado, EPM ha manifestado su interés de elevar el embalse a su cota máxima operativa de 420 metros sobre el nivel del mar (msnm) entre octubre y noviembre, un procedimiento clave para optimizar la capacidad de almacenamiento y generación.
Sin embargo, esta proyección se cruza con dos variables complejas:
Consolidación de El Niño: El IDEAM estima una probabilidad del 82 % de consolidación del fenómeno de El Niño, lo que altera las dinámicas de caudales y precipitación en la cuenca.
Exigencias de la ANLA: Mediante el Auto N.° 002170, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) requirió a EPM complementar de forma urgente su Plan de Contingencias y actualizar la regla de operación del embalse, alineada con las restricciones estipuladas previamente en la Resolución 2306 de 2019.
A este escenario se suma la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 150) motivada por las recientes inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, lo que exige una coordinación sintonizada entre la regulación ambiental y la prevención del riesgo de desastres.
Hoja de ruta y acuerdos institucionales
Para superar las brechas identificadas y garantizar la protección de las comunidades, la Procuraduría, EPM y los entes territoriales acordaron una serie de compromisos prioritarios:
Mesa de alto nivel sobre la cota 420: Se convocará una mesa de trabajo con la ANLA y el Ministerio de Minas y Energía para analizar la viabilidad técnica y ambiental del llenado hasta la cota 420. Previamente, EPM sostendrá un encuentro preparatorio con la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Simulacro regional de emergencia: EPM asumió la responsabilidad de planear e implementar un simulacro de emergencia en municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre para poner a prueba la efectividad del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
Informe para el nuevo Gobierno Nacional: La Procuraduría promoverá mesas exploratorias para fortalecer la capacidad operativa de los consejos locales y estructurará, de la mano con las entidades territoriales, un informe diagnóstico sobre los temas críticos de gestión del riesgo que deberá asumir la siguiente administración nacional.
Vigilancia a acuerdos comunitarios: Se mantendrá un estricto seguimiento a los compromisos sociales y de compensación vigentes entre EPM y las comunidades de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia.
Con estos acuerdos, el órgano de control busca garantizar que el avance técnico y energético de Hidroituango vaya de la mano con la protección integral y la seguridad hídrica de las poblaciones de la cuenca del Cauca.
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