
En medio de la ceremonia de posesión de la magistrada Elizabeth Becerra en el Consejo de Estado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió la necesidad de generar un acercamiento con las Altas Cortes del país con el fin de modificar ciertas leyes y normas constitucionales.
Durante el evento, el mandatario de los colombianos también aceptó que su relación con las autoridades judiciales atraviesa un momento difícil. “No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia – Presidente, que creo que ahí que asumir con franqueza”, señaló.
El mandatario recordó algunos de los desacuerdos que ha tenido con el poder judicial, mencionando a los exfiscales Néstor Humberto Martínez y Alejandro Ordóñez, a quienes calificó de “fascistas”. Asimismo, hizo referencia a la controversia en torno al caso Pegasus, donde la justicia admitió una tutela relacionada con sus declaraciones sobre la supuesta adquisición del software de espionaje por parte del Estado colombiano. Petro criticó la investigación de la Fiscalía, alegando que deberían enfocarse en cómo se obtuvo un programa “veneno para los derechos humanos” que aún podría estar operativo en el país.
Ante estos conflictos, Petro abogó por un diálogo con las Altas Cortes para avanzar en lo que describió como un “acuerdo nacional” que podría implicar reformas legales y constitucionales. El presidente reconoció que este proceso podría derivar en choques o conflictos sociales profundos, pero insistió en la necesidad de un “cambio de mentalidades” para adaptar las instituciones a las demandas de transformación en Colombia.
Petro también respondió a las acusaciones sobre su intención de cambiar la Constitución de 1991, afirmando que su objetivo no es alterarla, sino profundizarla y hacerla más efectiva en la práctica. En ese contexto, mencionó la posibilidad de reformas similares a las propuestas en México, donde se ha planteado la elección popular de jueces como un mecanismo para alinear los deseos del pueblo con las decisiones judiciales, aunque aclaró que no está seguro si este es el camino adecuado para Colombia. COLPRENSA
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